Los empleados de Alhambra discrepan sobre existencia de presiones por audioguías

Dos de las funcionarias que trabajaban en el Patronato de la Alhambra durante la gestión del contrato de las audioguías que se juzga desde este lunes en la Audiencia de Granada han defendido dos posturas diferentes, una que nunca recibió presiones y otra que habla de expedientes internos.

La tercera sesión de la vista oral ha estado protagonizada por funcionarios que trabajaban en la Alhambra durante la vigencia del contrato de las audioguías y que han presentado su participación en la adjudicación del servicio a la empresa Stendhal Museum Solutions.

La primera testigo ha explicado que firmó un informe en el que explicaba con datos generales cómo prorrogar el contrato de las audioguías en el que detallaba que si la modificación de los pliegos incluía algo "esencial" requería la participación de un letrado de la Junta.

"Es un trámite administrativo que podía haber hecho cualquier persona", ha añadido esta funcionaria, que ha dicho que no se encargó de redactar el contrato de modificación del servicio de audioguías y ha subrayado que "nadie me dijo nunca nada" sobre cómo hacer su trabajo, por lo que "nunca" se sintió presionada.

La postura totalmente opuesta ha defendido la segunda de los testigos de esta jornada del juicio, funcionaria encargada del área de gastos del departamento de gestión económica que no llevaba por tanto este contrato, enmarcado en el área de ingresos.

Esta trabajadora ha explicado a preguntas de la Fiscalía que el procedimiento normal para redactar, licitar y adjudicar un contrato del Patronato de la Alhambra comenzaba en el servicio interesado en ese servicio, que se encargaba de defender la necesidad del contrato y de redactarlo.

Cuando recibía el visto bueno y los fondos, llegaba a su área, que tramitaba el resto de pasos administrativos.

Sin embargo, ha explicado que el expediente de las audioguías no llegó a su departamento hasta 2013, momento en el que lo llevan hasta su zona de trabajo por una mudanza.

"Vi que estaba muy delgado", ha recordado esta funcionaria, que ha añadido que "le faltaba documentación" porque, pese a haberse hecho por procedimiento abierto no aparecían las ofertas de otras empresas y además había sido modificado.

Entre esas modificaciones ha añadido los cambios en el canon que Stendhal Museum Solutions pagaba al Patronato de la Alhambra por el servicio de audioguías, que se rebajó en mayo de 2012 con la contraprestación de que ofrecieran información al asistente.

"Creo que no procedía y que se hizo sin seguir el procedimiento", ha añadido esta funcionaria, que consideró entonces que este servicio era algo "ajeno" al contrato principal, por lo que a su juicio debió hacerse de manera aislada.

"Entendía que no procedía", ha resumido esta trabajadora, que formalizó su parecer con una nota interna que provocó que la convocaran a una reunión con la que era directora del la Alhambra, María del Mar Villafranca, y la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, ambas acusadas en esta causa.

INFORMES INTERNOS Y PRESIONES

"La secretaria general dijo que mi nota era perjudicial para todos en la organización y la destruyó, pero yo tenía el informe visado", ha apuntado la testigo, que ha dicho que la acusaron de desleal.

También ha recordado que le prohibieron contestar a requerimientos oficiales como el de la Agencia Tributaria que alertó sobre la empresa encargada del prestar el servicio de audioguías y exigió los documentos del expediente sobre el servicio.

Hasta ese momento, esta funcionaria se presentó como enlace con la Agencia Tributaria en un momento de la investigación en la que ha dicho que hubo presiones que derivaron en bajas laborales como la suya, aunque el presidente de la sala le ha recordado que su baja fue anterior a este proceso.

Ha añadido que se abrieron expedientes de información reservada a una veintena de compañeros después de unos anónimos con documentos sobre posibles irregularidades y que el servicio de limpieza le dijo que las bolsas de basura con documentos triturados se habían multiplicado esos días.

A preguntas de uno de los letrados de la defensa, esta funcionaria ha negado que presenciara o conociera "ningún pacto ilícito" entre la secretaria general y la empresa concesionaria del servicio.

Ha añadido que en 2011 se redactó un nuevo pliego de condiciones para las audioguías que "nunca llegó" al área de gestión económica y que no participó en los procesos porque se sintió "ninguneada".

Ha reconocido además que nunca se aprobó ningún expediente que llegara con un informe desfavorable y que sí gestionó un reconocimiento de deuda que la empresa tenía con una entidad bancaria.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años de cárcel para Villafranca y para la que era su secretaria, y diez años de prisión para el empresario encausado, junto a la petición de multas que alcanzan el millón de euros.

El juicio, fijado para un total de once sesiones, continuará este jueves con la declaración de nuevos testigos.