El Defensor del Pueblo comunica respuesta del Ejecutivo sobre ataques en Íllora

El Defensor de Pueblo ha trasladado a Sociedad Gitana Española la respuesta del Gobierno tras la queja presentada por esta asociación, a raíz de los asaltos sufridos por varias familias de esta etnia en respuesta al homicidio de un joven de Íllora, y asegura que la situación en este municipio granadino es de "tranquilidad" y que la práctica totalidad de las personas afectadas han regresado.

En la carta, firmada por la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena García, y a la que ha tenido acceso EFE este martes, se informa a Sociedad Gitana de la respuesta de la Subdelegación del Gobierno granadina sobre la situación en la que se encuentran las familias de etnia gitana afectadas por los sucesos acaecidos en Íllora el pasado verano.

Según dicha respuesta, desde el día que ocurrieron los hechos, la Guardia Civil montó un dispositivo especial de seguridad para evitar altercados en la localidad y, cuando se tuvo conocimiento de la celebración de manifestaciones o concentraciones no comunicadas, estas fueron cubiertas por el instituto armado para "evitar disturbios y alteraciones" del orden público.

Asimismo, el Gobierno ha recordado que se propuso para sanción a los supuestos promotores de las mismas y que estos expedientes se encuentran actualmente "en trámite".

Como consecuencia de estas medidas, desde el pasado mes de noviembre se han llevado a cabo tres concentraciones en la localidad, comunicadas y autorizadas por la Subdelegación del Gobierno (12 de noviembre, 10 de diciembre y 14 de enero) y cubiertas por un dispositivo especial.

Asimismo, la Subdelegación ha comunicado al Defensor que la Guardia Civil procedió a la investigación de los supuestos autores de los daños en las viviendas ocurridos los primeros días tras los sucesos del 15 de agosto.

"Los integrantes de esta comunidad gitana han sido atendidos en todo momento por la Guardia Civil con un trato exquisito, recogiendo cuantas denuncias han interpuesto por supuestos delitos de amenazas y daños, y prestando especial atención a las víctimas, realizando vigilancias en sus domicilios, acompañándolas cuando ha sido necesario a la recogida de enseres con el fin de evitar alteraciones de orden público", indica la Subdelegación.

Además, explica que se ha mantenido un "contacto continuo" con diferentes asociaciones, entre ellas la Fundación del Secretariado Gitano con sede en Granada, con el responsable de la Sociedad Gitana Española, mediadora en el conflicto y portavoz de las familias gitanas que se marcharon de la localidad, para conocer sus necesidades y darle traslado de las actuaciones.

Se han mantenido también varias reuniones con el fiscal responsable de delitos de odio en Granada para la coordinación de las actuaciones e investigaciones que se están llevando a cabo sobre el hecho ocurrido.

Como consecuencia de las citadas reuniones, se ha prestado servicio de especial vigilancia e interés a las diferentes redes sociales y ámbito virtual en general, al objeto de detectar e identificar posibles comportamientos de odio en contra del colectivo gitano en general y concretamente contra las familias de Íllora.

"En la actualidad la situación del municipio de Íllora es de tranquilidad, no ocurriendo ningún tipo de altercados. Asimismo, se ha tenido conocimiento de que todas las familias de etnia gitana que abandonaron la localidad han regresado a la misma, excepto una que residía en una vivienda ocupada y que en la actualidad vive en casa de unos familiares en la localidad de Granada", indica la Subdelegación.

Ante la información trasladada y antes de la adopción por parte del Defensor del Pueblo de una resolución definitiva, esta institución indica a Sociedad Gitana Española que puede formular las alegaciones que estime oportunas en el plazo de treinta días.

Los hechos se remontan al pasado 15 de agosto, fecha en la que un joven estudiante de 19 años de la Universidad de Almería y vecino de Íllora, falleció tras ser golpeado mortalmente en el entorno del recinto ferial presuntamente por otro joven.

Esta agresión motivó que Íllora convocara una concentración espontánea para exigir justicia, que se desarrolló de forma pacífica aunque, posteriormente, se registraron incidentes contra inmuebles y vehículos de la familia del supuesto agresor, un joven de 23 años quien fue detenido como presunto homicida y que permanece en prisión provisional a la espera de ser juzgado.