El encargado interpuso querella por un delito de calumnias por la imputación efectuada por la trabajadora y las acciones sindicales desarrolladas
Una trabajadora de un establecimiento hostelero de un centro comercial de Granada se enfrenta a una petición de dos años de cárcel y 30.000 euros después de haber denunciado al encargado del negocio por un supuesto delito de acoso laboral y sexual y otro continuado de abuso sexual.
La trabajadora ahora acusada presentó una denuncia en abril de 2021 contra su encargado por, presuntamente, haber sido sometida durante más de un año a reiterados actos vejatorios, en muchas ocasiones de contenido sexual, hechos por lo que requirió baja médica y tratamiento psicológico, según ha informado a EFE la letrada María Gallego Cano, en nombre de la empleada y del sindicato CNT-AIT Granada.
El encargado fue enjuiciado en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada, que lo absolvió por no haber quedado desvirtuada su presunción de inocencia, un pronunciamiento judicial que está recurrido y que todavía no ha adquirido firmeza.
El encargado interpuso querella por un delito de calumnias por la imputación efectuada por la trabajadora y las acciones sindicales desarrolladas.
Esta querella fue tramitada por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que recientemente ha dictado resolución mediante la que pone fin a la instrucción y continúa la causa al entender que hay indicios delictivos.
El encargado pide dos años de prisión y 30.000 euros para la trabajadora y el representante legal de CNT-AIT Granada, según recoge el escrito formulado ante el juzgado.
Gallego Cano ha criticado esta actuación judicial y ha alertado de la que considera "peligrosidad" que este tipo de procedimientos puede generar por un posible "efecto disuasorio" en la denuncia de las personas que sufren acoso.
Por su parte, el sindicato ha considerado que esta actuación judicial responde a un sistema patriarcal que, a su juicio, "ampara" el acoso laboral al cuestionar a la trabajadora y reprimir la acción sindical.
Además, ha apuntado a la responsabilidad de la empresa ya que, pese a las que entiende como "evidencias", ha mantenido al encargado en su puesto y ha tolerado las conductas denunciadas.