Dos funcionarios del centro penitenciario de Albolote, en el área metropolitana de Granada, han sido atendidos por los servicios sanitarios de la prisión tras ser objeto este pasado sábado de supuestas agresiones y amenazas de muerte por parte de una familia cuando intentaba acceder con una menor al centro para comunicarse con un interno.
Fuentes consultadas por Europa Press en Instituciones Penitenciarias han detallado que los hechos, que ocurrieron sobre las 10,15 horas, según ha informado este lunes CCOO en una nota de prensa, se desencadenaban precisamente cuando la pareja de adultos fue advertida de que la joven no podía acceder a la comunicación al ser menor, y se les pidió documentación sobre ella.
Fue entonces cuando al parecer comenzaron las agresiones y las amenazas, rompiendo material de los accesos, lo que obligó a la intervención de la Guardia Civil, encargada de la custodia de esta zona, para su desalojo. El atestado que ha articulado el Instituto Armado seguirá el procedimiento que marca la norma para estos casos, según han detallado estas mismas fuentes.
Para la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Granada, que ha detallado que los trabajadores sufrieron golpes en brazos y cabeza, además de insultos y amenazas, y que los hechos son una muestra de la "indefesión del personal".
En concreto, la delegada de CCOO en la prisión de Albolote, Cecilia Vargas, ha manifestado que "la indefensión del personal frente a las agresiones es total" y que "Instituciones Penitenciarias no tiene un protocolo eficaz para prevenir y reducir" las mismas.
Según CCOO, las agresiones van en aumento. En 2023 el personal penitenciario "sufrió más de 500 agresiones, sin contabilizar insultos y amenazas", ha detallado el sindicato, incidiendo en que, además, en el centro penitenciario de Albolote, que es "el más masificado de Andalucía y el segundo de España, con 1.300 internos y el que tiene mayor volumen de comunicaciones (más de 600 personas al día), se suma el déficit de 87 trabajadores".
Por todo ello ha reclamado "una investigación exhaustiva y medidas preventivas para erradicar todas las agresiones, evitando así disfrazar la alta siniestralidad laboral que se vive en este sector", y la "aplicación completa" de la ley de prevención de riesgos laborales para el personal penitenciario.
