Acusada con frecuencia de tener uno de los recibos del agua más caros del país, la gestión de la empresa pública Giahsa, propiedad de la Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS), está más en entredicho que nunca, y de hecho, ahora va a ser mirada con lupa por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
La Comisión de Hacienda y Financiación Europea del Parlamento de Andalucía ha aceptado la petición del pleno del Ayuntamiento de Cañaveral de León para que el órgano cameral realice una “actuación fiscalizadora” tanto de Giahsa como se su propietaria, la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS).
El consistorio del pequeño municipio serrano, miembro de pleno derecho de ambas entidades públicas, ha decidido dar el paso tras intentar por otras vías que le den respuesta a sus dudas sobre la gestión y al entender que “lo que está en juego es muy importante, se trata de un servicio básico -el agua- que se presta a 67 de los 80 municipios de la provincia, es decir, que afecta a una parte muy importante de la población”, ha indicado a Viva Huelva su alcaldesa, la independiente Mercedes Gordo.
Son varias las dudas planteadas en torno a esa gestión: la última operación de financiación, la asignación presupuestaria a los grupos políticos, la contratación de servicios y trabajadores y la modificación de tarifas. Además, alude a “problemas de transparencia, desinformación y manipulación interesada de la información real”.
Gordo, además de miembro de pleno derecho como alcaldesa de un municipio integrante, forma parte de la Comisión Permanente de la MAS y del Consejo de Administración de Giahsa como representante del Grupo Independiente. Sin embargo, parece que no es suficiente para obtener respuesta a sus preguntas: “Tras las elecciones municipales de 2015 y una vez que un nuevo equipo de gobierno está al frente de los intereses del Ayuntamiento, comprobamos que la gestión que viene haciendo MAS-Giahsa nos genera diversas dudas, por ejemplo en lo que se refiere a la contratación de personas y servicios. Hemos tratado de aclararlas pidiendo oficialmente acceder a algún expediente pero se nos ha denegado recurriendo al argumento de la protección de datos”.
En cuanto a la operación de crédito a largo plazo, a través de la tramitación de un préstamo inicialmente valorado en 104 millones y ahora reajustado en 91 millones, “está generando numerosos problemas de inseguridad jurídica, hasta el punto de que la propia Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo que está admitido a trámite”. También hay un segundo contencioso admitido interpuesto por un concejal del Ayuntamiento de Punta Umbría de Unidos por Punta Umbría contra el acuerdo de pleno de dicho ayuntamiento sobre participación en el préstamo.
Gordo alerta de que su ayuntamiento se opone a dicha operación financiera porque “podría tener importantes consecuencias negativas dadas las condiciones que se han negociado y las garantías exigidas por el banco que actúa de prestamista”.
Otro aspecto que también preocupa a la alcaldesa serrana es la modificación de tarifas, “fundamentalmente al alza”, sin contar con la “obligatoria autorización” de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juegos de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta.
Financiación política
Y por último, Gordo también hace referencia a un tema que ha vuelto a saltar a la palestra: la financiación política a través de la MAS. Al respecto, desde el Ayuntamiento de Cañaveral de León explican que “la asignación que se hace a los grupos políticos desde el presupuesto de la MAS -600.000 euros en los últimos años y 526.200 en las cuentas de 2022- también nos genera dudas, tanto en la legalidad de la misma como en su cálculo”.
Precisamente Vox ha hecho referencia en los últimos días a esta asignación de los grupos políticos. De un lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que los onubenses “pagan uno de los recibos más caros de agua” y que están “muy preocupados” por este tema, por lo que asegura que “estudiaremos el caso con detalle, y si hubiese responsabilidades, acudiremos a los tribunales”. Del mismo modo, el diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández, ha pedido explicaciones a través del Congreso de los Diputados.
Las miradas están puestas ahora en esa auditoría que debe iniciar la Cámara de Cuentas de Andalucía. La alcaldesa de Cañaveral de León solo espera que “aclare las dudas existentes sobre la gestión y si hubiera alguna irregularidad, se asuman las responsabilidades”.
