La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, cree que la "única" explicación de la proposición de ley de la Junta de Andalucía para regularizar unas 800 hectáreas de riego en el entorno de Doñana es por razones de "populismo local" que "el PP ha pactado con Vox".

En declaraciones Radiocable recogidas por Europa Press, Ribera no entiende que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, pacte con Vox "una cosa así" y concluye que "solamente puede explicarse por razones de populismo local".

"No hay ninguna otra explicación lógica y a mí me parece que éste es un muy mal comportamiento desde el punto de vista de la responsabilidad política y la responsabilidad institucional", ha apostillado Ribera.

Además, la ministra opina que la Junta de Andalucía ha tenido un "mal cálculo" en el que esperaba que "saldría barato" trasladar la presión a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cuando es un "engaño" hacia las personas que puedan tener preocupación por actividad económica pueden desarrollar en su zona. "Hay otras que son viables, pero esto, desde luego no lo es. Es muy difícil que pueda haber más agua y simultáneamente genera un ruido que es muy difícil de acallar", ha advertido.

Asimismo, ha recordado que Doñana "no es un sitio cualquiera" pues está en el centro de la atención de prácticamente todos los observadores internacionales de aves, aguas, de ecosistemas y existe una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya ejecución está siendo vigilada muy de cerca por parte de la Comisión Europea, por lo que no se puede "escapar" una amenaza de estas características que plantea una presión "absolutamente injusta para con los agricultores que sí tienen derechos de riego".

Por ello, ha insistido que lo último que necesita el entorno es incrementar amenazas, el riesgo y las hipotecas que representa introducir más factores, más presión o más expectativas que, incluso aunque no llegaran a materializarse representan una presión muy importante.

Así, ha hecho hincapié en que es "prácticamente imposible que pueda haber más usos de agua en esta zona".

Preguntada por la responsabilidad de anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía en la situación actual, para Ribera es una "excusa un poco tonta" utilizar 40 años porque ya no basta con decir que como durante mucho tiempo no se ha hecho lo que debía, ahora se puede hacer lo que de la gana. "Es muy pobre argumento y una falta de responsabilidad total", opina.

Por otro lado, ha advertido de los posibles perjuicios que puede conllevar un mal estado del Parque Nacional de Doñana en los mercados europeos, ya que terceros países, cadenas de distribución, consumidores y opinión pública en general, están vigilando "de cerca", lo que obliga a plantear las cosas de forma diferente.

En ese sentido, la vicepresidenta observa que es "muy triste" que se haya tenido que llegar a una condena para tomar conciencia de que no se puede incrementar sino rebajar las presiones en la zona y confía en el éxito que puede generar el Marco de Actuaciones para Doñana.

Respuesta de la Junta

Por su parte, el consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido este lunes al Gobierno central que se deje de "amenazas" sobre una posible retirada a la Junta de las competencias sobre el parque de Doñana, por un interés "electoral".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Sanz ha manifestado que lo se está diciendo sobre el contenido de la proposición de ley sobre regadíos en Doñana por parte de los partidos de la oposición o del Gobierno central es un conjunto "de bulos, mentiras y falsedades porque esta ley precisamente lo que hace es blindar el acuífero" del parque.

Ha indicado que quien sí ha actuado sobre el acuífero protegido de Doñana es el Gobierno central, "que ha permitido que se autorizaran extracciones en las aguas subterráneas".

Sanz ha explicado que lo que plantea la ley andaluza es que sólo podrán "ser utilizadas aguas superficiales", y ha apuntado que si se hubieran hecho las obras que prometió el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2018, "hoy no estaríamos hablando de ningún problema"

Se ha mostrado seguro de que al Gobierno de Sánchez "no le preocupa Doñana, sino las elecciones" y de ahí "el nerviosismo electoral" que tiene. Ha señalado que eso ha obligado al PSOE-A a cambiar de posición porque se abstuvo en la iniciativa sobre regadíos en Doñana que se sometió al Parlamento en la pasada legislatura, y, en cambio, en esta última, que está "mejorada", vota en contra.

Se ha mostrado convencido de que si algunos se leyeran la ley, "no se escucharían los ataques, insultos y las amenazas contra Andalucía" que se están oyendo.

Sanz ha señalado que, durante el trámite parlamentario de la proposición de ley, se podrán introducir otras mejoras y se podrá "perfeccionar".

Ha valorado que una delegación de la Junta viaje el 3 de mayo a Bruselas para exponer el contenido de la ley al gabinete del comisario europeo de Medio Ambiente, lo que va a permitir que "se baje muchísimo el tono de la crítica".

Ha acusado al Gobierno central de no querer convocar las comisiones bilaterales a las que se comprometió porque hay elecciones y lo que le gusta es la "bronca" y las "amenazas" a Andalucía.