El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, ha considerado este jueves "una falta de respeto" que "se le excluya" de la lista de comparecientes que la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz aprobó este miércoles para exponer su opinión respecto a la proposición de ley que ambos grupos han promovido para la regulación de regadíos de los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Delibes ha asegurado que le "entristece" que el presidente del Consejo de Participación "sea excluido" de las comparecencias, pero "no tanto por mí, pues mi opinión es sobradamente conocida, sino por lo que transmite".

"De un lado, lo juzgo como una falta de respeto al propio Consejo, que no olvidemos que es un órgano dependiente de la Junta de Andalucía que debe informar sobre cualquier actuación que afecte al agua superficial o subterránea en Doñana", ha valorado.

Asimismo, el presidente del Consejo de Participación ha dicho que le suena a "un intento de minimizar las voces discrepantes, lo que desmiente las reiteradas afirmaciones de que la propuesta de ley iba a ser debatida a fondo con participación de todos los agentes sociales".

"Pretender oír y sobre todo asimilar en un solo día las opiniones de 23 comparecientes da idea de que no se intenta hacer las cosas bien, resolver los problemas, sino más bien cubrir un trámite y acabar lo antes posible", ha concluido.

Por su parte, el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Eloy Revilla, ha asegurado este jueves que la proposición de Ley de ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana adolece de una "opinión técnica" desde el principio, no ahora en su tramitación parlamentaria.

En declaraciones a EFE, Revilla ha indicado que "no hay mucho que valorar" en relación con que este organismo se haya quedado fuera de los comparecientes en dicha tramitación: "Habría que preguntarle a la Comisión del Parlamento el motivo por el cual no quieren tener una opinión técnica con respecto al posible efecto que puede tener esa proposición de Ley sobre la conservación de Doñana".

Sin embargo, más allá de esta exclusión y en este punto, cree que en esta cuestión "hubiera sido necesario un planteamiento de origen ejecutivo no legislativo; cualquier modificación de la planificación territorial se realiza en base a informes técnicos previos".

"No sabemos la superficie, ni de qué zonas están discutiendo, no sabemos si hay agua disponible de superficie para poder cubrir lo que se está planteando, no sabemos si es legal o no; hay un montón de dudas que existen precisamente porque no se ha hecho esta tramitación previa técnico-administrativa que en cualquier proceso de planificación territorial hay que hacer, algo que ya lo ha dicho también los propios abogados del Parlamento", ha abundado.

Revilla ha considerado que la proposición de Ley "vuelve aún más complejo un problema que ya es suficientemente complicado, genera una demanda consolidada de agua que no se puede cubrir con el acuífero en su estado actual, lo cual lo vuelve aún más complicado".

"Llevamos muchos años esperando que el estado del acuífero se mejore; la legislación vigente, que es el problema principal que tenemos en Doñana, no se cumple, tenemos sentencias del Tribunal Superior de Andalucía y del Tribunal Europeo de Justicia pidiendo que se cumpla la ley pero seguimos en las mismas, en consolidar un aumento de la demanda que ahora mismo, y desde hace años, está extrayendo de la acuífero de manera ilegal", ha explicado.

En su opinión, "existen dudas sobre la legalidad del cambio que se pretende hacer y en vez de aplicar la legislación vigente y hacer uso de las competencias que tiene cada administración para intentar mejorar la situación de Doñana pues lo que hacemos es utilizar Doñana como un elemento en la discusión política para seguir hacia adelante sin hacer nada por solventar el problema".