El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este jueves en el Parlamento andaluz que están "a la espera" del resultado de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la zona 4 de las balsas de fosfoyesos, que esta semana salía a información pública, para "cumplir la ley" y "velar por la seguridad de los onubenses y por el bienestar ambiental de toda la provincia de Huelva".
A pregunta del Grupo Por Andalucía, el consejero ha detallado que esta semana el Gobierno ha sometido a información pública la DIA de la zona 4 de la balsas de fosfoyesos, "acerca de una zona que no se evaluó con anterioridad", por lo que la Junta está "a la espera" de su resultado y en "base a las competencias, poder emitir la calificación ambiental competente".
"Es cierto que la declaración del Ministerio solo valoró cuatro de las cinco zonas que integran las balsas. Y tres años después, cuando cuenta con todos los beneplácitos legales, ahora dicen que van a evaluar la zona 4. Quizás habría que preguntarle por qué no la evaluó toda en el mismo momento, evitando el retraso y la inseguridad jurídica que eso va a suponer", ha enfatizado.
Por lo que ha insistido en que esperarán al resultado de esa segunda Declaración de Impacto Ambiental y en el ámbito de las competencias de la Junta "velar por la seguridad de los onubenses y por el bienestar ambiental de toda la provincia de Huelva".
Por otro lado, sobre la Autorización Ambiental Integrada al proyecto de Restore 20/30 de Fertiberia, Fernández-Pacheco ha asegurado que la Junta "no se la ha sacado de la manga sin ningún tipo de aval", por lo que ha recordado que el Gobierno de España emitió la DIA en el año 2020 y la "obligación" de la Junta es "continuar el procedimiento ambiental que inicia el Ministerio tramitando la autorización ambiental integrada que es lo que hicimos".
"Como sabe, la Junta de Andalucía establece los condicionantes para realizar la obra que autoriza y que avala el Gobierno de España en el ámbito de sus competencias. Pero no solo el Gobierno de España, sino que contó con numerosos avales, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Instituto Geológico de Huelva, más de 20 organismos científicos, el propio Ayuntamiento de Huelva que emitió informe de compatibilidad urbanística, pero es que, además, el Gobierno de España fue quien concedió la ocupación de esos terrenos porque se encuentra en dominio público marítimo terrestre", ha abundado.
Por tanto, el consejero ha reiterado que lo que se ha hecho es "intentar solucionar un problema histórico en Huelva" que "afecta tanto a las personas como al territorio" y "siempre" de acuerdo a la normativa y en el desarrollo de las competencias, además de contar con "todos los avales científicos y atendiendo a un criterio que viene marcado no solo por el Ministerio para la Transición Ecológica, sino también por todos los organismos científicos".
Por su parte la parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez ha hecho mención a informes "rigurosos" realizados por "expertos en la materia", que, a su juicio, "alertan de los riesgos de que el proyecto Restore 20/30 no es una solución duradera que vaya a resolver el gravísimo problema de salud pública y medioambiental que suponen las balsas de fosfoyesos de Huelva".
"Haciendo oídos sordos a esos informes, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha otorgado la Autorización Ambiental Integrada a pesar de la oposición de ecologistas, vecinos, organizaciones sociales, políticas y sobre todo informes técnicos", ha enfatizado antes de mencionar a la escrito de alegaciones de Abogacía del Estado, en el que "ha mostrado sus dudas acerca del proyecto, aludiendo, precisamente, a razonamientos científicos".
"No hace falta lo que vaya a hacer el Ministerio para saber que las balsas son una trampa química, que hay muchos problemas que se están produciendo, que estamos hablando de 40 años de apilamiento de residuos tóxicos contaminantes de origen industrial que están a 300 metros de lo vecinos de Huelva y que ustedes tienen competencia para haber denegado esa declaración de impacto ambiental. No están obligados a ello por la ley, no es cierto. Por lo que pedimos el replanteamiento de este proyecto con independencia de lo que haga el Gobierno central", ha concluido.
