La Audiencia Provincial de Huelva ha concedido la suspensión de la ejecución de una pena de tres años de prisión para un agente de la Policía Local de Lepe (Huelva) condenado por falsificar documentos de una multa, a la vez que ha iniciado el proceso para solicitar el indulto.
El alcalde de la localidad, Manuel Andrés González (PP), ha confirmado a Efe que el agente ha solicitado el indulto de la pena a la que fue condenado el pasado mes de julio, y que cuenta con varios informes favorables para poder elevar al Gobierno la petición formal para no cumplir la condena.
Así, ha concretado que el agente cuenta ya con informes favorables tanto de la Fiscalía de Huelva como de la Audiencia Provincial, de modo que "hasta que no haya un pronunciamiento, está la pena en suspenso y no tendría que entrar en prisión".
El Tribunal Supremo dictó el pasado julio la sentencia por falsificar varios documentos para evitar una multa de tráfico, aunque tuvo en cuenta el arrepentimiento del agente y su confesión para reducirle la pena inicial.
La sentencia admitió parcialmente el recurso de casación interpuesto por el agente contra la dictada por la Audiencia Provincial de Huelva, que le condenó como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, una multa de 6.750 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años.
Todo ello después de que aprovechase que, por razón de su profesión, disponía de formularios de los usados en el ejercicio de sus funciones y entre marzo y abril de 2009 simuló haber sido denunciado por compañeros por aparcamiento indebido, rellenando para ello el impreso, así como el de retirada del vehículo la grúa; el de su recogida y la carta de pago al Ayuntamiento por valor de 157 euros en concepto de multa, grúa y dos días de estancia en el depósito municipal.
El agente simuló que unos compañeros, de esta forma, habían retirado su coche, de forma que los presentó en un pliego de descargos contra una multa que le impuso la Guardia Civil, intentando demostrar que el sancionado no había sido él, al estar su coche retenido por la grúa municipal, lo que se comprobó después que había sido falso.
De esta forma, fue condenado a la pena de cárcel a tres años, multa de 1.440 euros y un período de inhabilitación para el empleo público de policía de tres años.
