El Ministerio Fiscal ha renunciado a la reproducción de las escuchas telefónicas en sala durante la sexta sesión del juicio contra una organización, conformada por 13 personas --entre ellas dos agentes de la Guardia Civil--, acusada de sabotear el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la zona de Lepe y de facilitar y dar cobertura necesaria para que las bandas que así lo requirieran lograran introducir alijos de hachís en la costa de la provincia onubense.

   Según ha explicado a Europa Press una de las abogadas del caso María Teresa Largo, la fiscal ha decidido renunciar a estas escuchas en sala, por lo que estas conversaciones solo constan en documentos, a lo que ha añadido que "si no se escuchan, es imposible comprobar si corresponden a las voces de los imputados".

   Estas escuchas son aquellas por las que todos los letrados pidieron que se anularan las actuaciones en la primera sesión de la vista judicial al considerar que "se habían vulnerado derechos". A juicio de los abogados, el auto que autoriza estas intervenciones telefónicas "no está fundamentado" y entienden que fueron realizadas bajo suposiciones de la Policía porque estas diligencias tienen su origen en otra operación relacionada con el tráfico de drogas.

   Esta misma letrada explicó al término de esta primera sesión que los abogados basaron su petición en la doctrina del 'árbol envenenado', ya que estas escuchas "al provenir de una prueba que es obtenida ilícitamente vulnerando derechos fundamentales y constitucionales, provocan la nulidad de todas las pruebas que posteriormente se obtienen", indicando además que "partimos que desde el principio del todo es nulo", motivo por el cual pidieron la nulidad de las actuaciones. No obstante, el juez decidió resolver esta petición cuando dictara sentencia. 

   Por su parte, el Ministerio Fiscal en esta primera sesión rebatió estas peticiones y aseguró que las pruebas se tratan de "datos concretos, debidamente acreditados y fotografiados y no basados en sospechas policiales".

   Durante la sexta sesión del juicio, han declarado la mujer del vigilante de seguridad de las instalaciones del Muelle del Tinto de Vigilancia Aduanera, también imputado, sobre un bolso que le retiraron de su vehículo y el propietario de una embarcación que fue sustraída, el cual ha señalado que el bote, con el nombre de 'Venus', que aparece en las actuaciones no corresponde a esa embarcación.

   El juicio continuará este miércoles y la abogada María Teresa Largo espera que sea la última sesión en la que declarará el perito que tasó los daños causados al SIVE y se elevarán las conclusiones finales.

LOS HECHOS

   Según reza en el escrito judicial, al que tuvo acceso Europa Press, este grupo tenía "una perfecta estabilidad" desde el mes octubre de 2010 hasta febrero de 2011, momento de la detención, consiguiendo sus objetivos en varias ocasiones. Su cobertura consistía en hacer ellos mismos de punto de vigilancia las noches de los alijos.

   Para ello, buscaban a más personas que hicieran esta función, es decir vigilar a las patrullas de servicio de la Guardia Civil para que la zona de alijamiento estuviera despejada, colocar un dispositivo de seguimiento en los coches patrulla y en las embarcaciones patrulleras de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera para tenerlos localizados los días de los alijos e inutilizar cuanto fuera posible los sistemas de vigilancia de la costa, y todo ello con la finalidad única y exclusiva de lograr arribar a las costas españolas los alijos de hachís de otras organizaciones.

   La banda estaba perfectamente estructurada, en concreto, los dos agentes de la Guardia Civil se encargaban de avisar sobre la actividad de la patrullera los días de los alijos planeados dando instrucciones al cabeza del grupo, que responde a las iniciales de L.G.M., sobre la hora y el lugar en el que tenían que ser introducidos los alijos, así como de colocar dispositivos de balizamiento en los vehículos patrullas de la Guardia Civil con el objetivo de que estos estuvieran siempre localizados.

   A su vez, también está acusado un vigilante de seguridad de las instalaciones del Muelle del Tinto de Vigilancia Aduanera, que era el encargado de comunicar los movimientos de las embarcaciones en los días de los alijos.

SABOTAJE AL SIVE

   Concretamente, cuatro acusados consiguieron el día 25 de diciembre de 2010 que dos de ellos accedieran a las instalaciones del SIVE y, una vez en el interior, tirotearon el sensor volumétrico de intrusión, el radar y la cámara de vigilancia, cortaron el cableado de dichos dispositivos y forzaron la puerta del lugar que da acceso a los paneles y pantallas de control de esos equipos, causando desperfectos por valor de más de 70.000 euros, mientras que los demás acusados se dedicaban a hacer llegar la droga a las costas onubenses.

   Por todo ello, la Fiscalía pide más de 100 años de cárcel para los 13 acusados a los que acusa de delitos de asociación ilícita, de tráfico de drogas, de daños en bienes afectados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de tenencia ilícita de armas, de blanqueo de capitales y de un delito continuado de conducción de vehículo a motor sin permiso o licencia.