La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha rechazado hoy la anulación del procedimiento pedida por las defensas de los agentes de Medio Ambiente acusados de saltarse la ley a cambio de favores de empresarios y agricultores.

Durante la primera sesión del juicio, que se ha centrado en las cuestiones previas, la defensa de R.P.P., uno de los agentes acusados, ha planteado dicha nulidad, a la que se han adherido la práctica totalidad de los letrados que representan a los otro diez imputados.

Entienden que hubo vulneración de derechos fundamentales "desde el inicio del procedimiento" como la de la tutela judicial efectiva, ya que consideran que la acusación del fiscal es "inconsistente" , y la del secreto de las comunicaciones por la "falta de indicios" del auto que motivó intervenciones telefónicas.

El presidente del tribunal, José María Méndez Burguillo, ha comunicado a la sala que no se advierte vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva pues "el principio acusatorio se ha llevado a cabo en conocimiento de las defensas y con la posibilidad de ejercitar derecho frente al mismo", por lo que ha rechazado la nulidad.

Sí que se ha aceptado que durante el procedimiento judicial se han dado dilaciones indebidas que serán tenidas en cuenta como atenuantes en el grado que determine la sentencia, en la que, además se concretará si ha habido o no vulneración al secreto de las comunicaciones.

En la causa están acusados cuatro agentes de Medio Ambiente que, según el fiscal, recibieron "beneficios de toda índole" por parte de agricultores y empresarios del entorno de Doñana para que no denunciasen las posibles irregularidades, infracciones y delitos que cometían"; así como siete agricultores y empresarios que fueron los que presuntamente los beneficiaron.

Los hechos se produjeron entre los años 2005 y 2007 en zonas afectadas por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), cuando, según la Fiscalía, a los cuatro agentes que, con distintas categorías, prestaban sus servicios en la zona de Moguer y Palos de la Frontera (Huelva) se les encomendó la revisión de los límites y extensión de las "fincas de canon" de su zona por parte de la Junta de Andalucía.

En ese momento, "se concertaron entre sí para con grave incumplimiento de sus deberes y funciones públicas, obtener beneficios de toda índole", de forma que solicitaron y recibieron ofrecimientos de varios dueños de fincas y de ciertas empresas de la zona para no denunciar los distintos cambios de uso, construcciones ilegales y vertidos que realizaban en sus terrenos.