Los tres grupos políticos presentes en la Diputación de Huelva --PSOE, PP e IULV-CA-- han aprobado por unanimidad en el pleno del mes de enero, que se ha celebrado este miércoles, una moción presentada por Izquierda Unida para que la institución provincial adopte medidas que den respuesta a las situaciones de pobreza energética en la provincia con el fin de garantizar los suministros básicos de luz y agua entre aquellas familias que no pueden acceder a ellos.
   Así, tras añadir unas modificaciones en la citada moción, finalmente ha sido aprobada por los tres grupos, acordándose que la Diputación, en coordinación con los ayuntamientos y servicios sociales comunitarios, realizará un diagnóstico de la situación en cada uno de los municipios de la provincia de Huelva que ayude a elaborar un censo de familias sin garantías de acceso a los suministros mínimos de energía, así como que la institución concrete en su Plan Provincial de Acción Social una estrategia específica que dé respuesta a las situaciones de pobreza energética.
   También se instará a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a la puesta en marcha de medidas que garanticen a toda la ciudadanía el derecho a unos suministros mínimos vitales de agua y energía en caso de insolvencia económica o procedimiento de desahucio.
   En declaraciones a los periodistas antes del pleno, el portavoz del equipo de gobierno, el socialista José Martín, también ha hecho un llamamiento a las empresas eléctricas que "obtienen grandes beneficios" para que creen algún fondo de solidaridad y lo empleen en estos casos.
   También por unanimidad ha sido aprobada una iniciativa de IU en apoyo a los monitores administrativos de los colegios públicos de la provincia, que en Huelva suponen 39 trabajadores y que se encuentran inmersos en un conflicto sobre su situación laboral, una moción que insta a la Consejería de Ecuación a que estos monitores puedan acceder al proceso de selección pública y a que se garantice la negociación con la plataforma de afectados. Por su parte, la presentada por el PP sobre el mismo asunto ha sido rechazada.
   El pleno también ha dado luz verde, con los votos a favor de IU, a la moción socialista solicitando al Gobierno central que la elaboración del estudio de la situación del litoral onubense "se haga público, se diga quién va a financiarlo y con qué plazo".
   La defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en relación a la reforma de la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ha sido objeto de una moción del grupo socialista y otra de Izquierda Unida, debatidas conjuntamente y ambas aprobadas, con la abstención del grupo popular y de la diputada no adscrita.
   Al respecto, el portavoz del equipo de gobierno ha matizado que la Ley de Plazos aprobada por el gobierno socialista ha permitido "una gran tranquilidad a nivel social, además una disminución progresiva del número de interrupciones del embarazo, una circunstancia que no olvidemos, es traumática para cualquier mujer".
   Por su parte, el portavoz de IULV-CA, Rafael Sánchez Rufo, ha dejado claro que "el aborto no tiene que dejar de ser un pecado pero tampoco puede ser un delito", indicando además que el Gobierno con esta ley "pretende volver a la España del blanco y negro y del NODO".
   En el pleno, a cuyo inicio el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha dado lectura a una declaración institucional en contra de la eliminación de los partidos judiciales propuesta por el Gobierno central, el grupo socialista ha retirado la moción relativa a la entrada en vigor de la Norma de Calidad del Ibérico tras la resolución del Consejo de Ministro con su aprobación.
   Por último, las mociones propuestas por el PP para que la Junta de Andalucía culmine el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana y sobre la puesta en marcha de una Plan de Mejoras en la Red de Carreteras autonómicas, finalmente han sido rechazadas.