La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha alertado hoy de que las pérdidas para el sector fresero, concentrado en un 96 por ciento en la provincia de Huelva, podría situarse entre los 9.000 y 15.000 euros por hectárea.
Ello supondría una pérdida global que podría ir desde los 62.820.000 millones de euros a los 104.700.000, para una facturación global que viene rondando de media por campaña los 350 millones de euros.
En un comunicado, la UPA ha advertido de que la campaña de la fresa de este año podría ser "la peor de la historia" reciente en cuanto a precios en origen y rentabilidad para los agricultores.
El sector de la fresa en España está haciendo frente a una caída de precios del 40 por ciento con respecto a 2013 y la baja rentabilidad está provocando, en muchos casos, que se tire la fruta y se desmantelen fincas semanas antes del fin de la campaña.
El portavoz de UPA, Antonio Luis Martín, en el sector de la fresa, ha señalado que sólo en Huelva "90.000 puestos de trabajo dependen del sector de las 'berries'", unos empleos que "con los precios que estamos percibiendo hoy están en peligro".
UPA ha solicitado a la recién nombrada ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que actúe para "salvar al sector de la fresa".
"La Ley de cadena alimentaria tiene que servir para evitar situaciones como ésta, en la que los agricultores se ven forzados a vender sus productos por debajo de lo que cuesta producirlos", ha indicado.
Cerca del 70 por ciento de la producción de fresa se exporta mayoritariamente a países como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, así como a otros mercados incipientes como Polonia y Rusia.
UPA ha explicado que agricultores de estos países están llevando a cabo una campaña de desprestigio del producto español, "somos más competitivos que ellos y nos quieren hundir".
La organización ha recordado que los cultivos de fresa junto con el resto de frutas y hortalizas frescas no percibirán en España ayudas directas de la PAC, mientras que en países como Francia o Alemania sí lo harán, lo que supone "una discriminación más" que dificultará la viabilidad del sector en los próximos años.
