La morosidad de las administraciones públicas con los autónomos de la provincia de Huelva ha aumentado un 3,5 por ciento, hasta los 25,7 millones a fecha de septiembre de 2014, según se desprende del Observatorio del Trabajo Autónomo, elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y consultado por Europa Press.
Así, la deuda de las administraciones públicas se ha incrementado desde mayo en unos 900.000 euros, lo que supone un alza del 3,5 por ciento, pasando de los 24,8 millones que se adeudaban en mayo a los 25,7 millones de este mes de septiembre.
La provincia se sitúa a la cola en el ranking de la deuda de las administraciones públicas en Andalucía, siendo Sevilla la que tiene una mayor cuantía con 105 millones, seguida de Málaga con 99,6, Granada con 58,4 millones, Almería con 54,3, Córdoba con 50,1, Cádiz con 48,6 millones, Jaén con 38,6 millones y finalmente Huelva, con una cifra inferior, con 25,7 millones.
De la misma forma, los periodos medios de pago de las administraciones andaluzas se mantienen en 132 días, mientras que el periodo medio de las empresas privadas está en los 81 días, aún muy por encima de los 30 días que establece la Ley de Morosidad y de la Directiva Europea de la Unión Europea para este año.
REFORMA DE LA NORMATIVA
Por su parte, el coordinador general de ATA-A, José Luis Perea, ha asegurado a Europa Press que después de que se llevara a cabo el tercer plan de pago a proveedores desde el colectivo pensaban que se reduciría más la deuda de las administraciones públicas con los autónomos. La deuda de estas entidades con los autónomos en Huelva supone "el cinco por ciento de la deuda total en Andalucía", pero, pese a ese tercer plan de pago a proveedores, "ha subido desde mayo la deuda en la provincia en casi un millón de euros".
Por ello, se ha mostrado convencido de que la solución pasa por la elaboración de una ley de Morosidad que cuente con un régimen sancionador, ya que "nadie contempla una normativa de circulación que no disponga con un régimen de multas", ha explicado.
Así, ante la caída del crédito y la imposibilidad de acceder al mismo, Perea ha hecho hincapié en que las administraciones públicas deben "dar ejemplo" y cumplir los tiempos de pago porque ahora "tardan casi cinco meses". Por tanto, Perea ha recordado que mientras las administraciones "incumplen" el periodo establecido para hacer los pagos, "esa misma relación no se da para los autónomos", a los que "se les cobra intereses de demora".
Además, ha sostenido la necesidad de que en las administraciones se agilicen los trámites para que se puedan realizar los pagos de las facturas. "Hay que ser más ágiles porque debido a la morosidad de las administraciones públicas muchos negocios se plantear el cierre", ha enfatizado, añadiendo que las administraciones públicas tienen "el deber moral" de cumplir los tiempos. "No se puede seguir aumentando la deuda con los autónomos y todo cuando las instituciones públicas copan el crédito financiero", ha concluido.
