El Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), como acusación particular, y la oposición en 2009 --IU, ICAR, PP y PA de Cartaya--, personados como acusación popular, han recurrido a la Audiencia Provincial de Huelva la sentencia absolutoria dictada por el juez del Juzgado de lo Penal número hacia el exalcalde socialista de la localidad Juan Antonio Millán, a su teniente de alcalde Miguel Novoa, así como a la mujer de éste, a un arquitecto y al administrador de la empresa Hiconsa, al considerar que el convenio urbanístico acordado con la empresa es "legal, era procedente, y la selección de esta empresa no fue arbitraria".
   Según ha informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, este recurso ha sido interpuesto al considerar que la sentencia "no se ajusta a derecho", por lo que piden su revocación y que los acusados sean condenados.
   No obstante, según reza en la sentencia, la tasación del terreno "cumple los requisitos legales" y está "ajustada" a los precios de mercado del momento, frente a la tasación presentada por la acusación que se valora como "irreal".
   Por todo ello, se condena a pagar las costas procesales a la acusación popular y particular, dado que se ha constatado "la creación artificial" de la prueba aportada por la acusación, y por consiguiente la utilización del proceso penal.
   En definitiva, considera que las pruebas practicadas en el acto del juicio oral pusieron en evidencia que los acusadores han hecho una utilización "indebida y abusiva del proceso penal" para el ejercicio de unas pretensiones "carentes de cualquier corroboración probatoria".
   Asimismo, la sentencia indica que las licencias que se concedieron a la mujer del concejal de Urbanismo están dentro de la legalidad y no fue una concesión arbitraria. Además, en la misma se mantiene que Cartaya no sufrió un perjuicio económico por la venta de los terrenos y que los acusados no obtuvieron beneficio económico de ello.
   Este caso se inició a raíz de una denuncia presentada en abril de 2009 por IU, ICAR, PP y PA de Cartaya, que están personados como acusación popular, por un convenio urbanístico que la empresa Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en julio de 2005 para la construcción de un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población.
   En abril de 2011 este caso fue archivado, no obstante meses después la Audiencia Provincial de Huelva decidió reabrirlo al considerar que lo instruido era "insuficiente" para archivar el caso, ya que a su parecer faltaban "indagaciones de interés".