Inmaculada Torres, abogada de la expareja y la madre de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva), --en el que asesinaron a una niña de ocho años y a su padre en abril de 2013 en el domicilio de ambos--, ha destacado este viernes la existencia "de pruebas de cargo suficientes para sostener la acusación" por doble asesinato contra el único imputado, F.J.M., que se encuentra en prisión preventiva desde junio de 2014.
En el comunicado, la letrada deja claro que al acusado "no lo mantiene en prisión la acusación 'a sabiendas de su inocencia' sino que son las pruebas practicadas en la Instrucción la que va a provocar la celebración de un juicio ante un jurado", en el que va a ser acusado de dos asesinatos, entre ellos el de una menor y "será dicho jurado el que tendrá que decidir en base a esas pruebas si el acusado es culpable o inocente", ha proseguido.
Así, recuerda que desde que el pasado 8 de enero el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado notificara a las partes del procedimiento el Auto de fecha 4 de enero de 2016 por el que se acordaba la incoación de procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado contra el acusado, se han venido produciendo una serie de filtraciones "interesadas".
A su juicio, "con la única finalidad de poner en entredicho ante la opinión pública, no sólo la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, sino, incluso, la instrucción desarrollada por el Juzgado y la acusación del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares que representan a las familias de las víctimas, y que son la víctimas colaterales de estos hechos", como la expareja y madre y su familia, por un lado y la familia del fallecido, por otro, "recurriendo, incluso a la manipulación del resultado de las pruebas".
A su parecer, "estas filtraciones exceden de lo que debe ser el legítimo derecho de defensa, pues afectan, no sólo al derecho a la tutela judicial efectiva de las verdaderas víctimas, sino incluso a su dignidad e intimidad".
Ha dejado claro que esas filtraciones que se están llevando a cabo con "la única finalidad de desacreditar la investigación policial, la instrucción, las acusaciones y testigos, llegan al extremo de publicar datos de la autopsia de menor sin contar con el consentimiento de la madre, vulnerando lo dispuesto en el Ley de Protección Jurídica del Menor y, a sabiendas, del daño que la publicación de dichos datos puede causar a las otras víctimas de estos hechos".
Pero lo que, en todo caso, para la letrada, "excede con creces el derecho de defensa, constituyendo un ilícito penal y una infracción del Estatuto General de la Abogacía, es el hecho de filtrar a los medios de comunicación una conversación telefónica del día siguiente a la entrada en prisión del acusado, cuando las actuaciones aún se encontraban bajo secreto de sumario, es decir, hace cerca de dos años, entre la expareja y madre y de las víctimas y su letrada, vulnerándose el deber de secreto profesional".
Desde esa fecha hasta el día de hoy ha pasado cerca de dos años, en cuyo transcurso la instrucción se ha seguido desarrollando y "la primera prueba con la que se contaba se ha convertido en una más de muchas, las cuales han dado lugar a que no sólo el Juzgado de Instrucción denegara la libertad del imputado sino, incluso, la Audiencia Provincial de Huelva lo mantenga en prisión".
En cualquier caso, más allá del contenido de la conversación, "la gravedad de estas filtraciones reside en el hecho de difundir una conversación entre abogado y cliente, amparada en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y una falta de respeto al dolor de las víctimas", reservándose las partes afectadas las acciones legales pertinentes para depurar las responsabilidades en que hayan podido incurrir los responsables de estos hechos.
