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Miércoles 20/11/2024
 
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Huelva

Equo califica de escándalo que Tejerina decida sobre Fertiberia

Equo subraya asimismo que Fertiberia pertenece al grupo Villar Mir, recientemente relacionado en un presunto caso de financiación ilegal del Partido Popular

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Equo ha considerado un escándalo que la titular en funciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, decida sobre la idoneidad del plan de Fertiberia, su antigua empresa, para reparar el vertido de fosfoyesos en Huelva.

El pasado día 4 la Audiencia Nacional emplazó a Medio Ambiente a que en el plazo de 15 días emitiera una respuesta sobre la propuesta de Fertiberia para recuperar la ría deHuelva, contaminada por sus vertidos hasta 2013.

Según el partido verde, se trata de uno de principales problemas ambientales de Huelva y ha transformado las cuencas del Tinto y el Odiel en "un gran vertedero industrial", con implicaciones para la salud humana, la flora y la fauna de la zona.

"El gobierno en funciones, y más una antigua trabajadora de la compañía, no debería pronunciarse sobre una cuestión tan delicada -Tejerina fue directora de Planificación Estratégica de Fertiberia entre 2004 y 2012-".

Equo subraya asimismo que Fertiberia pertenece al grupo Villar Mir, recientemente relacionado en un presunto caso de financiación ilegal del Partido Popular.

"El caso del vertido de fosfoyesos en la ría de Huelva es de lo más doloroso, ya que conjuga desde la práctica impunidad de los delitos ambientales en España, las puertas giratorias e incluso puede tener que ver con la presunta financiación ilegal del PP en Madrid", afirma en una nota Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado de Podemos.

Tras años de inacción por parte de las instituciones, Equo critica que ahora se pise el acelerador para cerrar este asunto, con un gobierno en funciones y sin que el plan de Fertiberia suponga realmente la reparación del daño causado.

La compañía "simplemente plantea tapar los fosfoyesos, sin limpiar el terreno y solo contempla 600 hectáreas de las 1.200 afectadas".

Para la formación ecologista, una vez más el gobierno en funciones pretende tomar una decisión de gran calado como ya está ocurriendo con el intento de reapertura de Garoña o la autorización a ENCE para seguir gestionando la papelera en Pontevedra.

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