El análisis de más de cerca de 12 millones de euros en subvenciones aprobadas en el año 2011 para 129 entidades han provocado la nueva fase de la 'Operación Edu', que se ha saldado con la detención de cuatro personas por sus actividades como altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

   Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a petición del Juzgado de Instrucción Número 5 de Huelva, investigaron las subvenciones recogidas en la Resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

   Dicha resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge partidas destinadas a 129 entidades que ascienden a cerca de 12 millones de euros. Estas subvenciones van desde los 12.000 euros la más baja, hasta los 311.025 euros la más alta. Hay entidades de todo tipo y también 14 ayuntamientos de municipios onubenses.

   Según relata el BOJA, estas subvenciones se concedieron "con cargo al Programa Presupuestario 32D y al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto por el que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía". Está firmada por el detenido José Martínez Iglesias como Secretario General de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo.

   Fruto del estudio de estas subvenciones, los investigadores de la Policía acusan a los detenidos de haber cometido irregularidades vinculadas a la presunta comisión de delitos de Prevaricación y Malversación de caudales públicos.

   Según fuentes de la investigación, eso es lo que provocó esta operación en la que, además de Iglesias, fueron detenidos el exdirector Provincial del SAE y delegado de Empleo en la provincia, Eduardo Manuel Muñoz García; también José Ángel Gil Flores, por sus funciones como jefe de servicio de Formación y Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del departamento de Análisis, Programación y Formación Continua.

DOS DE LOS DETENIDOS SIGUEN EN EL SAE

   A diferencia de Muñoz García, dos de los detenidos siguen trabajando en el SAE y un cuarto ya está jubilado. Fueron detenidos entre el martes y el miércoles y después de que se les leyesen los derechos como detenidos, se les tomó declaración.

    Según han informado a fuentes de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, al menos tres de ellos se acogieron a su derecho a no declarar. Tras su paso por dependencias policiales, fueron puestos en libertad. Los dos detenidos que aún trabajan en el SAE acudieron a su puesto de trabajo.

   Esta nueva fase de la operación ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Huelva. Se estima que los fondos públicos concedidos por las personas investigadas ascendieron a 12.175.248 millones de euros de los que, de momento, los investigadores de la UDEF han podido acreditar 2,9 millones defraudados.

   Estos nuevos arrestos suponen una ampliación de la 'Operación EDU' (Concretamente la que se bautizó como 'Eduende') una vez que los jueces que asumieron el caso en cada una de las provincias afectadas han continuado con sus investigaciones en torno a este presunto fraude masivo. Las fuentes consultadas precisan que esta nueva fase afecta ya a los más altos responsables de cada provincia.

UNA INVESTIGACIÓN DE ABAJO A ARRIBA

   La estrategia de la UDEF en esta investigación ha consistido en avanzar de abajo arriba de la 'pirámide' del presunto fraude. Los expertos policiales comenzaron por la base entrevistándose con miles de alumnos o profesores que participaron en los cursos, también se investigaron centenares de empresas. El resultados de esas averiguaciones ha dado lugar a detenciones que ya afectan a personas que tenían poder de decisión.

   En el marco de la investigación, la Policía acusa a Eduardo Manuel Muñoz de manejar el organismo de forma arbitraria y atendiendo a sus intereses personales e incluso apartó a los funcionarios que no comulgaban con sus actividades. La Policía le acusa de controlar directamente a qué empresas se les daba las subvenciones sin tener en cuenta si cumplían los requisitos exigidos por Ley.

   Las fuentes consultadas relatan cómo este detenido llegó incluso a falsear la constitución del Órgano Colegiado dispuesto legalmente para estas actividades o que determinaba arbitrariamente los baremos a tener en cuenta para las subvenciones.

   La UDEF ha detectado que el exdirector del SAE de Huelva consintió tramitar al menos una subvención a sabiendas de su injusticia. Además, para tratar de ocultar su responsabilidad en esta decisión, usó al secretario general de la Delegación Territorial de Empleo en Huelva para que firmase la subvención bajo una supuesta delegación de firma realizada en fraude de Ley a juicio de la Policía.