Para la Junta de Andalucía, sólo hay un responsable de la situación enquistada entre Salud y las clínicas Pascual, presentes en Málaga, Cádiz y Huelva, en este último caso, a través del hospital Blanca Paloma, y sólo está en manos de una parte poner fin a este conflicto y firmar un concierto con la Junta para seguir prestando servicios a la sanidad pública. Desde el Gobierno andaluz señalan a la empresa y a nadie más.
En declaraciones en Huelva, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha indicado a los medios que "desde el Consejo de Gobierno se sacaron dos conciertos que eran en situaciones económicas mejores que los que había hasta entonces, pero nosotros no podemos obligar a que nadie se presente. No sabemos exactamente cuál era el objetivo de clínicas Pascual al no presentarse a los concursos, pero eran condiciones económicas mejores que las que tenían anteriormente".
Pese a esto, asegura que "nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, pero lo que no vamos a cometer en ningún caso son irregularidades ni concesiones a gente que no se presenta a los concursos. Hay una forma de acceder a tener conciertos con la Administración, y la única forma es participar en los concursos". Además, según asegura el consejero, "la oferta que le hemos presentado a Pascual es buena. Así se lo hemos comunicado también a los trabajadores, y creo que estamos hablando de un conflicto entre una entidad privada y sus trabajadores, y debe resolverse en ese ámbito".
Alonso confía en llegar a un acuerdo, pero si no se da el caso, "tenemos que garantizar la asistencia sanitaria en la provincia de Cádiz, fundamentalmente, con todos los medios de los que dispone la Administración, y así lo haremos", ya que es en esa provincia donde existe una mayor dependencia de los centros de Pascual para complementar a la sanidad pública.
El consejero se ha dirigido al responsable de las empresas Pascual para recordarle que "ayer mismo le volvimos a mandar una oferta que económicamente es superior a la que tenían en los años anteriores. Creemos que es una buena oferta, pero no podemos aceptar algunas de las propuestas que nos mandan, e incluso nuestra asesoría jurídica considera que no están dentro de la legalidad y en eso jamás la Junta de Andalucía entrará". Al hilo, ha apuntado que "algunos de los precios que se nos planteaban son muy superiores a los que tenemos en otros conciertos y eso no puede ser".
No obstante, ha vuelto a tirar de optimismo para asegurar que está "convencido" de que "Pascual verá que es la mejor oferta, que también los trabajadores presionarán para que se firme, porque con la firma de la oferta que le hemos realizado se garantizaría el trabajo durante cuatro años, que es la firma del concierto".
Por último, ha insistido en que "no está en manos del Gobierno darles un concierto, sino que está en manos de Pascual firmar y participar en un concurso y dar tranquilidad a sus trabajadores de que durante los próximos cuatro años estaríamos en un marco estable, y esperemos que eso se produzca".
