Fertiberia ha propuesto a la Audiencia Nacional avalar la restauración de las balsas de fosfoyesos ubicadas en la marisma onubense con su fábrica de Puertollano (Ciudad Real) y le ha solicitado que mantenga el aval en 21,9 millones, frente a los 65,9 que estableció el Tribunal Supremo de manera firme.
Así lo ha indicado hoy en rueda de prensa Rafael Gavilán, portavoz de la Mesa de la Ría, colectivo que es parte en la causa judicial y que se ha opuesto a ambas pretensiones en un escrito de impugnación presentado ante la Audiencia Nacional.
Gavilán ha explicado que Fertiberia ha asegurado en su escrito que "ninguna entidad bancaria ha aceptado afianzar dicha cantidad" y ha aportado un informe de valoración de activos inmobiliarios "ajeno a las normas de tasación hipotecaria", que considera que la fábrica de Puertollano tiene un valor de mercado de 130 millones de euros,
Con ello, ha denunciado el portavoz de Mesa de la Ría, Fertiberia "pretende renovar el aval de 21,9 millones de euros, negando a su vez la obligación de tener que afianzar los 65,9 que estableciera el Supremo".
El informe encargado por Fertiberia, según Gavilán, señala que las 15 hectáreas de terreno valen más de 18 millones de euros, cuando la valoración realizada según la legislación vigente alcanzaría un valor máximo de 1,4 millones de euros según el informe pericial aportado por Mesa de la Ría.
Para el resto de valoración "la empresa pretende que el valor de la fábrica sea el de la suma de los costes de construcción de los distintos inmuebles individualizados, sin aplicar el posible estado de antigüedad o ruina de los mismos, y lo que es más importante, no se valora el verdadero valor de mercado, obtenido del estudio financiero de los beneficios económicos de la actividad global".
La Mesa de la Ría ha presentado a su vez otro informe pericial que demuestra, según Gavilán, que "el aportado por Fertiberia incumple todas las técnicas, normas oficiales y legislación vigente de valoración de inmuebles afectos a una actividad económica".
Por ello, ha solicitado a la Audiencia Nacional que "no admita como fianza nada que no esté refrendado por un aval bancario o seguro de caución que pueda hacer que el importe sea rápidamente ejecutado".
