La Junta ha remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la documentación sobre el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana promovido por la firma Gas Natural. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha explicado al Consejo de Gobierno esta iniciativa, adoptada en el mar-co del procedimiento informativo abierto por la Unión Europea. El informe de su de-partamento se completa con datos de la situación actual del proyecto, la intervención de la Junta y los recursos administrativos y judiciales en curso.
En la documentación remitida, que ahora deberá enviar el Ministerio a la Comisión Europea, tal y como ésta había solicitado al Reino de España, la Junta subraya que la Administración central es la competente en materia de hidrocarburos y, en este sentido, considera que no ha realizado una adecuada evaluación de los posibles efectos acumulativos de los cuatro proyectos planteados por Gas Natural. Por ello reitera su exigencia de que se lleve a cabo una evaluación del conjunto y no, como se ha hecho, por cada una de sus partes.
José Fiscal ha recordado que el pasado 19 de enero ya expuso esta posición en Bruselas para lograr el apoyo del organismo comunitario en su obligación de pro-teger Doñana y su entorno.
Los cuatro proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona (denominados Saladillo, Marisma Occidental, Marisma Oriental y Aznalcázar) cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central en el ejercicio de sus atribuciones.
En el ámbito competencial autonómico, la Junta emitió Autorización Ambiental Unificada (AAU) desfavorable en el caso de Marisma Oriental, por su afección negati-va al Espacio Natural de Doñana, mientras que Aznalcázar y Marismas Occidental sí contaron con autorizaciones expresas favorables. Esta última, referida a una instala-ción fuera del espacio protegido, fue sometida al criterio del Consejo de Participación de Doñana que informó favorablemente al considerar que las condiciones impuestas por la Junta eran lo suficientemente rigurosas. Respecto a Saladillo, el proyecto cuenta con una autorización anterior a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En cualquier caso, la Junta exige la adecuación a los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016, que extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y que prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
