El llamado caso Aljaraque, que investiga el supuesto soborno a dos concejales de Sí Se Puede Aljaraque para frustrar la moción de censura contra el PSOE a finales de 2016, encara la fase final de la instrucción. Pendientes de resolver los recursos de apelación de las defensas y de que se verifique la grabación aportada por el denunciante, ya solo quedaría el archivo definitivo de la causa o el escrito de acusación y posterior apertura de juicio oral por procedimiento de jurado.

Es precisamente la supuesta invalidez de la grabación un de las bazas de las defensas de los cinco investigados, pero no la única, ya que a su juicio, una de las piezas clave es el archivo de las investigaciones contra Adecco.

 Así, las defensas del presidente de la Diputación de Huelva y secretario provincial del PSOE, Ignacio Caraballo; los dos concejales de Sí Se Puede Aljaraque, Francisco Martín y Pedro Escalante; el representante de CCOO José Luis Rodríguez; y el directivo de Aguas de Huelva J.M.M.R.), ven trascendental un auto emitido por la jueza del Juzgado de Instrucción 1 de  Huelva que supuso el archivo de la diligencias contra la consultora de Adecco encargada del proceso de selección por el que se contrató en Aguas de Huelva a la mujer del concejal Francisco Martín.

La base de la denuncia que sustenta la investigación por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias es que la contraprestación para frenar la moción de censura en Aljaraque fue la contratación de la mujer del edil en Aguas de Huelva, además de otorgarle una concejalía a Escalante.

Pero en el auto de archivo, consultado por Viva Huelva, la jueza no ve indicios de delito en el proceso de selección, y para ello se basa en el relato de la consultora, que explica que “cuando recibió el encargo le indicaron que había que contratar a una persona para el puesto de auxiliar administrativo en la empresa, y que si estuviera disponible (la mujer de Martín), les gustaría contar con ella, pero que además querían otros perfiles”.

A la consultora, este proceder no le resultó extraño “teniendo en cuenta que antes (la mujer del edil) había trabajado en la empresa” y que el hecho de que le propusieran otros candidatos “era habitual por cuanto de esta forma se contaba con candidatos de reserva” y por si la mujer de Martín “no estuviera disponible”.

También resalta la jueza en su auto de archivo que no consta que la consultora de Adecco “hubiera recibido beneficio de cualquier índole o retribución” ni que conociera a los investigados ni la situación política en Aljaraque.

Esta afirmación es corroborada con el rastreo de llamadas telefónicas entrantes y salientes que se realiza en el marco de la investigación entre los número de teléfonos de los responsables y consultores de Adecco y los de las personas investigadas. Este rastreo certifica que no hubo ningún contacto ni ninguna llamada.

 En definitiva, “no constan de las diligencias practicadas indicios de comisión o participación de los delitos de cohecho y tráfico de influencias”.

Todo pasa por la empresa

Este auto puede tener una influencia clave, puesto que la jueza detalla todos los argumentos para proceder al archivo de todas las actuaciones contra un actor que las defensas consideran fundamental en el caso, como es Adecco, para la comisión del presunto delito de cohecho. Así entienden que cualquier delito que se impute a los investigados en el caso Aljaraque pasa obligatoriamente por que Adecco, como empresa responsable de la selección, hubiera aceptado cualquier tipo de presión.

Pero este auto confirma que no existen indicios de delito por parte de Adecco, por lo que el contrato y el proceso de selección y contratación que siguió esta empresa de trabajo temporal fue legal.