El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el acuerdo por el que se da prevalencia al uso científico-tecnológico sobre el forestal en los terrenos en la provincia de Huelva donde se ubica el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea).

De este modo, según ha informado la Junta en una nota de prensa, se da por concluido el trámite para desbloquear la construcción en Huelva del Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados, el proyecto CEUS. Dicha iniciativa estaba pendiente de la prórroga de concesión de los terrenos al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente del Ministerio de Defensa.

En concreto, la propuesta insta a la exclusión del Catálogo de los Montes de Andalucía de 74,93 hectáreas de los cotos de Mazagón y Flores, en los términos municipales de Moguer y Lucena del Puerto (Huelva), con medidas medioambientales compensatorias.

Por su parte, el parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva, Mario Jiménez, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "se haga cargo del proyecto CEUS y garantice que su gobierno se pone a trabajar para que no se pierdan los recursos". Además, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes una comparecencia del consejero de Economía, Rogelio Velasco, para que explique "qué han hecho y qué no han hecho y se comprometa a no dejarlo morir".

En rueda de prensa, el socialista le ha exigido que la Junta trabaje para que "no caduque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que el proyecto empiece antes del mes de octubre de 2020". Asimismo, le ha pedido que conforme un gabinete técnico y político para asegurar que este proyecto salga adelante.

Se trata, a su juicio, de "un proyecto importantísimo para el desarrollo industrial de esta provincia, que significa la posibilidad de evolucionar de una industria química y básica a otro sector industrial de alto contenido tecnológico ligado precisamente al polo aeronáutico que se conforma en Andalucía entre Sevilla y Cádiz".

En su opinión, "Huelva podría incorporarse en un sector que tiene mucho futuro, como es la aviación no tripulada". "Sería muy complicado de entender que tirara por los suelos el proyecto. Más de 500 puestos de trabajo de alta cualificación están en juego", ha apuntado.

Así, Jiménez ha manifestado su preocupación por la situación de este proyecto, al tiempo que ha recordado que "los esfuerzos que se hicieron en su momentos desde las instituciones gobernadas por el PSOE, tanto desde la Junta de Andalucía como del Gobierno central". En concreto, ha remarcado que "se puso en marcha el 22 de noviembre de 2011, que deciden instalar en Huelva ese proyecto de desarrollo industrial".

Desde entonces, como ha apuntado, "la Junta se puso a trabajar para aprobar la Autorización Ambiental (AAU), para cambiar el uso de los suelos, con la complicidad del Ayuntamiento de Moguer para que los terrenos del Arrenosillo puedan ser utilizados para esta actividad".

En esta línea, ha recordado que el 23 de octubre de 2014, el BOE publicó la DIA pero "caduca en octubre de este año 2020". "Esa es la fecha límite que tiene el gobierno de la Junta de Andalucía para ultimar todos los procedimientos, la documentación y para iniciar el proyecto para que no se pierdan los recursos, no caduque y no caiga en el olvido", ha agregado.

Al hilo de ello, Mario Jiménez ha explicado que hubo en el proceso "un hecho terrible, la visita del entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, en 2016 para contarnos la pérdida de fondos para el CEUS".

"El PP cuando estuvo en el Gobierno de España puso en peligro el proyecto perdiendo los recursos. Y el PP ahora en el Gobierno de la Junta de Andalucía está poniendo en peligro el proyecto", ha señalado.

Por ello, ha advertido a la sociedad onubense que "si este trascendental proyecto no saliera adelante sería responsabilidad exclusivamente del Gobierno de la Junta de Andalucía, que no ha cumplido con sus obligaciones, que en este año de parálisis no ha hecho nada para sacar adelante este proyecto y que ahora tarde y mal está intentando forzar una máquina para intentar sacarlo adelante cuando ha perdido más de un año".

En este tiempo, "se pone muy en evidencia la implicación que tuvo el Gobierno socialista de la Junta, el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Moguer y la Diputación Provincial y enfrente la desgana, la indolencia, la irresponsabilidad de la derecha que está a punto de dejar pasar un proyecto vital para el desarrollo de la provincia de Huelva", ha apostillado.

"COMPROMISO CON LA MINA"

En esta misma línea, Jiménez ha contrastado la diligencia con la que, a su juicio, trabajó la Junta de Andalucía respecto al proyecto de la mina de Riotinto cuando estaba gobernada por el PSOE con "la postura indolente" que ha puesto de manifiesto el nuevo gobierno autonómico.

En este punto, el parlamentario ha recordado que "gracias a la presión" de los alcaldes socialistas de la comarca y al comité de empresa de Atalaya Mining se ha logrado que la Junta notifique un dictamen ambiental favorable para la mina, paso previo a la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

Así, Jiménez ha instado a la Junta a que culmine todo el proceso correspondiente con "todos los requisitos" para que el proyecto cuente con todos los parabienes legales y medioambientales.

Así, la descatalogación para la prevalencia científico-tecnológica tiene el visto bueno del Espacio Natural de Doñana, puesto que los terrenos seguirán teniendo la consideración de Parque Natural, así como de Zona de Especial Conservación (ZEC) o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Con la aprobación del Consejo de Gobierno culmina "un intenso trabajo para facilitar la concesión del Proyecto CEUS a la provincia de Huelva", según ha informado la Junta de Andalucía.

La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva inició en febrero de 2019 el procedimiento y requirió la documentación necesaria conforme a la legislación.

En marzo, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial aportó la documentación complementaria solicitada por la propia delegación territorial, que de inmediato solicitó los informes técnicos a los servicios de Gestión del Medio Natural, de Protección Ambiental, de Espacios Naturales Protegidos, del Espacio Natural de Doñana, de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y de la Oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

En todos los casos, el pronunciamiento fue favorable, por lo que en julio la Junta estuvo en disposición de abrir el periodo de información pública, al que siguió en noviembre el de trámites de audiencia del expediente a los interesados sin que las alegaciones desvirtuasen el sentido de la propuesta.

Por su parte, el INTA manifestó el 8 de enero de 2020 su conformidad con las medidas de compensación, lo que ha permitido elevar la resolución a Ejecutivo andaluz para su aprobación.