La Junta Directiva de la Asociación Provincial de Bares Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca), reunida telemáticamente este jueves, ha decidido recomendar a sus asociados no reabrir sus establecimientos como medida de rechazo al Plan de Transición propuesto por el Gobierno de España el pasado martes, entendiendo que "el coste de apertura es inasumible para la mayoría de los establecimientos, a tenor de las limitaciones establecidas sin ayudas complementarias algunas".

En un comunicado, Bareca ha remarcado que se fija especialmente en la reducción del aforo de un 70 por ciento en las terrazas, más un 60 por ciento en el interior de los locales, lo que para el presidente de la Asociación, Rafael Acevedo, "resulta del todo insostenible para los negocios".

De este modo, ha explicado que esto "además no viene acompañado de otras medidas que el Ejecutivo debería prever de supresión de tasas e impuestos fiscales, laborales y sanitarias de acuerdo a esa pérdida de facturación, además de líneas de financiación preferentes porque los préstamos ICO están siendo insuficientes dadas las excesiva garantías exigidas, siendo necesarios unos micropréstamos avalados el 100% y a coste cero".

Sobre la ocupación, desde Bareca estiman necesario se permita un mayor aforo en el interior "hasta alcanzar el 70 por ciento de la ocupación y en las terrazas ese mismo porcentaje, salvaguardando siempre la distancia social establecida".

Como han proseguido, el anuncio de este plan ha merecido "la oposición frontal" del sector de la hostelería de Huelva que "sigue sin entender como una decisión de esa naturaleza no ha contado con el consenso del sector que no ve con buenos ojos una reapertura del todo precipitada ya que no se cuenta además con un protocolo de actuación dado que el Ministerio de Sanidad aún está trabajando en ello y que no estará listo antes de dos semanas, fecha posterior a la marcada para reabrir las terrazas".

Igualmente, han dicho que "tampoco hay el material de protección necesario que debe garantizar las salud de los trabajadores, proveedores y clientes". El sector exige también que se amplíe la duración de los ERTE y que se elimine el requisito de mantener el empleo durante seis meses, algo "imposible en unos negocios con alto nivel de temporalidad".

Otra de las cuestiones que preocupa al sector es la necesidad de garantizar la protección de los clientes, "un aspecto sobre el que se cierne numerosas dudas" ya que se "necesitará disponer de mascarillas y equipos de seguridad para poder ofrecer un servicio responsable de los que será difícil proveernos ya que sabemos que existen listas de espera para repartir esos materiales", ha remarcado Acevedo.