Lejos de haberse ralentizado los trabajos, la actividad minera en la cantera de la Fuente de la Peña se ha acelerado y acrecentado en los últimos días en medio de la pasividad política del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, enfrascados en una pugna competencial tan estéril como infructuosa. Tal y como denuncia el colectivo ‘Iniciativas. Andamios para las ideas’, un mes después de que la Junta de Andalucía anunciara que había prohibido que la cantera avanzara en dirección a Jaén las máquinas siguen trabajando en la misma zona. Incluso se está delimitando con una valla una superficie más amplia “por la que, la asociación, teme que continuará la brecha hacia la ciudad. “O la empresa sigue ignorando la prohibición o ésta nunca se produjo. En cualquier caso el destrozo sigue, y nuestros políticos, como los galgos del cuento, siguen discutiendo, qué clase de paripé es éste”, asegura la presidenta de ‘Iniciativas’, Marina Heredia. Además, la asociación ha alertado también del acopio de escombros resultantes del desmonte, que casi se ha unido al talud de la cantera vieja. “Lo que hace sólo unos días era una brecha horizontal superior se ha convertido en una superficie arrasada que se juntará muy pronto con el resto de la cantera. Y las maquinas siguen trabajando en la zona. Todo el mundo lo puede ver”, indican. ‘Iniciativas. Andamios para las ideas’ está ultimando la denuncia que van a elevar ante la Comisión Europea por entender que este organismo tiene competencias compartidas en materia de medio ambiente y patrimonio y, por tanto, puede ser un aliado para la protección del monte. Tras la denuncia interpuesta en Fiscalía por ‘Iniciativas’ y por Ecologistas en Acción contra la cantera de la Fuente de la Peña, se está a a la espera ahora de que el Ministerio Público dicte al menos unas medidas cautelares que impidan la continuación de los trabajos de extracción en la cantera. Hay que recordar que la Fiscalía requirió documentación sobre el expediente de la cantera tanto a la Junta como al Ayuntamiento jienense, instituciones que chocan a la hora de determinar la competencia para decretar el cierre de la actividad.