Los trabajadores sociales funcionarios interinos que realizan funciones de valoradores de la Dependencia han mostrado su temor a ser despedidos 10 años después de haber sido contratados para poner en marcha el sistema de valoración de los diferentes grados de la dependencia. Los afectados, unos 218 en Andalucía y una treintena en Jaén agrupados en torno a la Asociación de Profesionales Valorador@s de la Dependencia en Andalucía (Aprovada), han denunciado que sus plazas no se han recogido en las diferentes ofertas de empleo público de los últimos años y tampoco en el último concurso de méritos convocado en 2011. Además, recuerdan que, desde mayo de 2017, ocupan puestos de nueva creación, y no de sustitución.
Por ello, los interinos consideran que su situación pone de manifiesto un evidente “fraude de ley”, a tenor del Estatuto Básico del Empleado Público. Aluden en ese sentido a una sentencia del TSJ del País Vasco donde se habla de una situación “abusiva y contraria a derecho” para ese colectivo.
Después de recordar que ellos “han sido la cara de la Junta de Andalucía en los domicilios de los dependientes, los afectados advierten de que su despido provocaría nuevos retrasos en los Programas Individuales de Atención (PIA), y en las ayudas y prestaciones a los dependientes. Por eso, piden a la Junta de Andalucía su reubicación en puestos vacantes, su acceso a los concursos de méritos en igualdad de oportunidades con los funcionarios de carrera y que se les incluya en el plan de estabilidad laboral para unos 40.000 interinos en toda Andalucía. Y al TSJA que se incluyan los méritos de los valoradores en el baremo de los concursos.
La Junta informó de que durante 2015, último año evaluado, 2.700 profesionales han atendido a 79.000 personas en la provincia de Jaén dentro de la Ley de la Dependencia. La Junta ha invertido desde su puesta en marcha más 10.000 millones de euros en atención a la Dependencia, 1.080 millones en la provincia de Jaén. Son datos ofrecidos el pasado viernes en Jaén por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en unas jornadas sobre la situación de la Ley de la Dependencia.
