A falta de que declare un único acusado en el caso Matinsreg, nadie sabe nada de las facturas presuntamente infladas y que supusieron un quebranto para el Ayuntamiento de Jaén de más de cuatro millones de euros. Sólo el gerente de Matinsreg ha reconocido la “trama” y ha señalado el pago de comisiones. Ayer por la tarde, de forma sorpresiva, declaró el exalcalde José Enrique Fernández de Moya, que sólo quiso contestar a las preguntas de su abogado y del Ministerio Fiscal, que no ha presentado acusación alguna contra él.
De pie, como si de un mitin se tratara, y con una tablet en las manos, el también expresidente del PP y exsecretario de Estado de Hacienda dijo: “Ni participé, ni conocí, ni me reuní, ni di ninguna instrucción sobre ninguna empresa de servicios públicos esenciales”.
Tras dos días de juicio nadie ha arrojado luz sobre porqué una empresa de Toro (Zamora) apareció de la noche a la mañana en una provincia en la que nunca había trabajado, a 563 kilómetros de su domicilio social, para tratar con cloro y alguicidas las fuentes ornamentales de la ciudad, en los mismos años en los que el exalcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, compartía bancada en el Senado con el alcalde de la ciudad de Toro (Zamora).
Fernández de Moya se centró ayer tarde en defender los levantamientos de reparo que firmó en su día para permitir que se pagaran las facturas a Matinsreg, llegada desde Toro. “Yo estaba muy preocupado, no terminaba de creerme que una empresa como Imesapi que acababa de cobrar 25,2 millones de euros con el plan de pago a proveedores pudiera abandonar la ciudad”, dijo Fernández de Moya y añadió que se contactó con “varias empresas” para ver si podían auxiliarlos, pero finalmente fue una de Toro (Zamora) la que realizó los trabajos.
También negó el exalcalde haberse reunido en algún momento con el gerente de Matinsreg o con alguno de los otros dos empresarios que también están acusados en la causa y que desconocía las facturas presuntamente infladas.
“Nunca hubo criterio selectivo en el levantamiento de los reparos de legalidad”, añadió, a la vez que recordó que esta es una facultad “indelegable” del alcalde y del pleno que se ejerce de manera habitual, que todo lo hizo respaldado por el informe del secretario general del Ayuntamiento y que el Tribunal de Cuentas nunca dijo nada al respecto.
García Anguita
Por su parte, el concejal del PP, Miguel Ángel García Anguita negó haber recibido comisiones, tal y como apuntó el gerente de Matinsreg. Lo único que admitió el exedil popular es que fue un vecino el que le presentó a la persona que en su papel de “conseguidor” acabó facilitando el desembarco de Matinsreg desde Toro en Jaén, aunque apuntó que en un encuentro en su despacho se limitó a derivarlo a Mantenimiento Urbano porque era la Concejalía que en aquel momento llevaba a cabo más obras e intervenciones en la ciudad y el concejal responsable le podía “indicar las formas legales” para poder trabajar para el Ayuntamiento.
“No sé cómo se hizo la designación de Matinsreg", señaló García Anguita, al tiempo que calificó de “falsedad y mentira”, las declaraciones del responsable de Matinsreg apuntándole directamente como la persona que desde dentro del Ayuntamiento permitiría que se cursaran las facturas “infladas”.
“Jamás en la vida he cobrado una comisión”, dijo García Anguita. Asimismo, señaló que el hecho de retirar al técnico que se negó en un primer momento a tramitar las facturas presuntamente infladas a pesar de haberlo nombrado él fue porque era personal laboral con la categoría administrativa de operario y se necesitaba que fuera personal funcionario. “En 20 años nunca le he dicho a un funcionario que haga una ilegalidad”, ha señalado García Anguita, que también ha declarado que lo nombró técnico porque creía que era suficiente con su titulación de arquitecto técnico y pasó por alto que este tipo de puestos en el Ayuntamiento le corresponden a funcionarios de carrera y no a personal laboral.
De los nueve acusados sólo queda uno por declarar y lo hará hoy a las 10 horas. Después el juicio quedará aplazado hasta el 19 de abril cuando se reanudará con los 36 testigos que están citados a declarar. La pericial está fijada para el 28 de abril, mientras que para el 29 de abril está prevista la fase de informes con la que se quedará visto el juicio.
Manuel del Moral señala a Miguel Contreras
El que fuera concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral, también acusado en esta causa, explicó que en el verano de 2012 cuando se pensaba que Imesapi, la empresa encargada de las fuentes y de los semáforos, podía abandonar el servicio porque el Ayuntamiento le debía "más de 30 millones", se reunió con el responsable de Matinsreg como la empresa que podía convertirse "un plan B" y así se lo trasladó al alcalde, José Enrique Fernández de Moya. A partir de ahí negó conocer cómo se gestó el resto hasta que a Matinsreg se le empezaron a encargar trabajos. Del Moral dijo que "alguien no hizo bien su trabajo" y apuntó directamente a la Concejalía de Hacienda y de Contratación dirigida por Miguel Contreras, al que hizo alusión en varias ocasiones ya que la Concejalía de Mantenimiento Urbano “no es responsable de la contratación de ninguna empresa”. De hecho, señaló que Contreras llegó a autorizar el pago de siete facturas sin tener el visto bueno de él como concejal de Mantenimiento. “Nunca he tenido conocimiento de la falsificación de las facturas, no he recibido dádivas y no hubiera permitido el cobro indebido”, añadió. En lo que se refiere a la contratación de su hija y de diversos conocidos y allegados por empresas del entorno de Matinsreg, Del Moral negó haber intercedido para ello o haber realizado alguna gestión dirigida a ello.
