La teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Laura Álvarez, ha defendido hoy la necesidad de contratar un servicio que garantice la defensa jurídica del Ayuntamiento, un procedimiento que se puso en marcha recientemente pero que sin embargo ha quedado en suspenso como consecuencia de un error técnico que va a ser subsanado.
Álvarez ha recordado que desde que se contrató este servicio a un gabinete externo el Consistorio ha ganado diferentes contenciosos judiciales que le han reportado alrededor de 3,5 millones de euros, lo que de algún modo justifica la conveniencia de apostar por este modelo, que responde además a la carencia de letrados que existe en la plantilla municipal.
Así, el contrato garantiza la asistencia técnica de “un mínimo de siete letrados de diferentes especialidades” con un presupuesto con el que únicamente se podría atender el coste bruto de dos profesionales en base a la tabla salarial que marca la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en vigor.
Según la teniente de alcaldesa, el procedimiento ha quedado en suspenso porque en el anuncio de la licitación se había fijado una duración del contrato de dos años y dos prorrogables cuando en los pliegos se habla de tres años de contrato y dos prorrogables, lo que podía dar lugar a confusión entre los licitadores.
Álvarez ha trasladado finalmente un mensaje de “tranquilidad absoluta” a la ciudadanía, desde el convencimiento de que “Jerez tendrá el mejor servicio jurídico que pueda defender sus intereses”.
El Gobierno local había licitado la contratación externa del servicio para la defensa y representación jurídica del Ayuntamiento por un coste de 404.835 euros (IVA incluido) y un periodo de cuatro años.
La necesidad de licitar este servicio se justifica precisamente en el número de procedimientos judiciales que se encuentran en curso, la falta de personal funcionario letrado para poder asumirlos y el “mucho menor” coste que tiene externalizar la defensa jurídica frente a la incorporación de personal propio.
En el informe que justifica la necesidad de poner en marcha este procedimiento se advierte de que en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 ha debido hacerse frente a una media anual de 417 procedimientos judiciales.
El Ayuntamiento de Jerez cerró el ejercicio 2021 con 427 procedimientos judiciales en curso no finalizados con sentencia firme, lo que permite hacer una idea del volumen de trabajo que requiere la representación y defensa jurídica de los intereses municipales.
El mayor número de procedimientos (275) están vinculados a la jurisdicción contenciosa. Le siguen los asuntos que van por la vía Social (99), Penal (34), Civil (11) y Mercantil (8).
En 2020 el número de procedimientos no finalizados con sentencia firme fue algo superior (435), mientras que en 2019 y 2018 se abordaron 426 y 381 asuntos, respectivamente.
