Sánchez Rull hizo ayer estas declaraciones después de que los vecinos anunciaran a través de este diario su voluntad de acudir a los juzgados para solucionar el problema, que afecta a sus viviendas desde el pasado mes de junio, y que mantiene una parte del edificio apuntalado por un andamio y la circulación de la avenida Blas Infante paralizada.
El delegado de Urbanismo abogó ayer por una solución extrajudicial para el conflicto, con el objetivo de que “no se eternice la resolución”, por lo que entienden que es la negociación entre las partes implicadas la vía que menos puede afectar en el tiempo a los vecinos y a la ciudad.
Sánchez Rull consideró como prioritaria la solución del problema de los vecinos y el despeje del viario afectado, dos situaciones que están provocando malestar por su prolongación en el tiempo.
Esta actuación prioritaria es, para el edil de Urbanismo, la primera vía en la que el Ayuntamiento está trabajando en el conflicto, y la voluntad del edil es despejar estos inconvenientes “sin perjudicar los intereses de nadie”.
Independientemente de la forma en que se desarrolle dicha negociación, Sánchez Rull aclaró que el Consistorio tomará parte en el conflicto para que se depuren responsabilidades.
El concejal recordó que el Ayuntamiento lleva trabajando desde el pasado mes de junio con el administrador concursal de Somixur (empresa participada por el Consistorio y la empresa Aldía) para solventar la problemática que afecta al edificio María Cristina.
Malestar
Los propietarios del edificio María Cristina expresaron el pasado sábado a este diario su voluntad de recurrir a los juzgados para solucionar el problema de desprendimientos en su fachada, después de que esperar varios meses una solución y de varios plazos incumplidos para el inicio de las obras.
Además, el temporal que ha azotado a la comarca en las últimas semanas ha empeorado la situación, ya que ha entrado agua en las casas de los propietarios directamente afectados, que sólo contaban con placas de pladur para proteger sus domicilios.
Según señaló el abogado de la comunidad de propietarios, Antonio Viñas, “todo el mundo parecía estar de acuerdo con el reparto de responsabilidades para que las aseguradoras afrontaran el coste proporcional de las reformas. Así, Isolux Costán desembolsaría el 50% del coste, Somixur abonaría el 10%, mientras que las aseguradoras del arquitecto y de los aparejadores técnicos pagarían el 20% cada una.
Sin embargo, la aseguradora del arquitecto parece necesitar más tiempo para certificar su conformidad con el reparto. Esta situación choca con lo acordado en la reunión del pasado día 30 de diciembre entre el abogado de la comunidad de vecinos, el administrador concursal de Somixur y el representante de Isolux.
Este nuevo retraso es el que ha provocado la desesperación de los vecinos, que ya estudian la vía judicial para el solucionar el conflicto, después de haber solicitado por burofax el inicio de las obras a todos los implicados.
El presidente local del Partido Popular (PP), José Ignacio Landaluce, también expresó el sábado su indignación por la situación del inmueble que, a su juicio, “indica bastante incapacidad por parte del equipo de Gobierno”. Según Landaluce, “ya tenía que haberse buscado el acuerdo de la empresa constructora, seguros y vecinos para acometer el inicio de las obras”.
