La Policía Nacional detuvo el pasado día 4 en Jerez al Jefe de Seguridad y propietario de una empresa de Seguridad Privada como presunto autor de un delito de falsedad documental. El detenido actuó presuntamente de forma ilícita con el fin de eludir una cuantiosa sanción a la que se enfrentaba su empresa tras detectarse unas posibles irregularidades en un servicio de vigilancia y protección que se estaba prestando en una urbanización de dicha localidad. Las irregularidades detectadas no se ajustaban a lo previsto en la normativa vigente de Seguridad Privada ni el conjunto residencial cumpliría los requisitos legales para poder acogerse a este tipo de servicios privados.
Según las pesquisas el detenido presuntamente habría presionado a varios vigilantes de su empresa para que testificaran a su favor en Comisaría cambiando el sentido de unas declaraciones efectuadas previamente a funcionarios policiales de Jerez encargados de la inspección y control de la actividad de las empresas de Seguridad Privada durante una inspección realizada al servicio prestado en la urbanización tras haberse recibido informaciones facilitadas por otra empresa del sector relativas a que la mercantil estaría dando el servicio en la urbanización de un modo irregular.
Pretendía evitar una cuantiosa multa y de paso no perder al cliente
Asimismo, el Jefe de Seguridad detenido, habría remitido días después de la inspección unos partes de servicio de vigilantes de su empresa para que fueran incluidos en el expediente administrativo tramitado por el Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría jerezana. Tras haber sido objeto de estudio y verificación, se concluyó que los partes presuntamente contendrían datos ficticios e inveraces, narrando unos hechos que en realidad nunca habrían tenido lugar en la urbanización y con los que pretendían “camuflar” el modo ilegal en el que se estaba dando el servicio, evitando así la sanción administrativa y de paso no perder a la urbanización como cliente, ya que les reportaba pingües beneficios a pesar de que a estos no se les podía prestar el servicio de la manera en que se venía realizando conforme a la Ley de Seguridad Privada.
La investigación fue llevada a cabo de manera conjunta por el Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría Local de Jerez y la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial de Cádiz.
