El Gobierno municipal considera que la nueva ley del suelo de Andalucía, denominada LISTA, “nos reafirma en nuestra política de actuación disciplinaria que venimos desarrollando contra las parcelaciones ilegales en todo el término municipal, y que tiene como prioridad poner freno a todas aquellas prácticas y actividades urbanísticas que incumplen de forma flagrante la legalidad vigente.
Como se explica desde el Gobierno, la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), que entró en vigor a finales de pasado año, unifica en una única norma la ordenación urbanística y la ordenación territorial yfaculta tanto a los ayuntamientos como a la Junta de Andalucía “para luchar contra las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. Esto, sin duda, va a permitir una colaboración y suma de esfuerzos entre ambas administraciones para mejorar la eficacia en la lucha contra esta lacra”.
Igualmente, la normativa amplía de forma considerable el valor mínimo de las multas que sancionan las infracciones muy graves, caso de las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, pasando de los 6.000 que establecía la LOUA a los 30.000 euros con la nueva normativa.
Es por ello, que desde Urbanismo se plantea incluso la posibilidad de intensificar estas acciones con una estrategia más amplia al objeto de hacer llegar al mayor número de ciudadanos los riesgos que conlleva comprar parcelas donde es ilegal construirse una vivienda.
En este sentido, se insiste en que “a este Gobierno “no le tiembla el pulso cuando se trata de hacer cumplir las legalidad y de poner orden en cuestiones en las que otros Gobiernos han mirado hacia un lado, pero que nosotros estamos haciendo frente con determinación, esfuerzo y firmeza, porque además, es nuestra obligación, como administración”.
Asimismo, el Gobierno apunta otros motivos de esta acción municipal, como es “proteger al ciudadano de ventas fraudulentas de fincas que carecen de los servicios esenciales, facilitando los medios necesarios para que las personas se informen antes de realizar una compra en una parcelación ilegal. Queremos ciudadanos bien informados y pondremos a su alcance nuestros recursos”.
Además, se pretende evitar las consecuencias ambientales de estas prácticas, como pueden ser las dificultades para atender las necesidades de consumo energético, pérdida de masa forestal, extracción ilegal de agua de los pozos, así como garantizar el urbanismo sostenible de la ciudad y los futuros desarrollos urbanísticos, evitando que nuestro suelo rústico se siga llenando de viviendas ilegales.
En relación a ello, se considera que, siendo cierto que la nueva Ley va a permitir la construcción de viviendas en suelo rústico, tal y como anunciaron desde la Junta de Andalucía, “debemos hacer constar que el borrador del Reglamento que la desarrolla establece una superficie mínima de parcela de 25.000 metros cuadrados, una superficie que está muy por encima de la superficie habitual de las parcelaciones ilegales que están entre los 500 y 1.000 metros cuadrados”.
Refuerzo de la estrategia contra las parcelaciones ilegales
Cabe recordar que el Ayuntamiento puso en marcha una campaña informativa advirtiendo en carteles instalados en las inmediaciones de asentamientos ilegales sobre la prohibición y las sanciones que conlleva la construcción en estas parcelaciones situadas en suelo no urbanizable.
Como se señala igualmente desde el Ejecutivo local, “estamos promoviendo un modelo de urbanismo más sostenible, y de ahí que estamos trabajando para reforzar esta estrategia; partimos de una realidad que no es nueva y que viene de lejos, pero se vio agravada como consecuencia de la pandemia”.
Así pues, y a la vez que “aprovechamos los mecanismos de control que la nueva legislación vigente pone en nuestras manos, esta nueva estrategia pasaría por intensificar la información que llega al ciudadano para que todos aquellos que actúan de buena fe no se vean estafados, así como llevar a cabo un proceso proceso participativo para trasladar nuestra estrategia con el fin de recabar opiniones y sugerencias”.
Entre otras acciones, se pondría a disposición un teléfono de información, consulta y atención a afectados o a personas que estén pensando en adquirir uno de estos terrenos.
En definitiva, “sabemos que tenemos ante nosotros una tarea ingente, larga en el tiempo y complicada. Pero al igual que estamos haciendo con la actualización del Registro de Solares y los procedimientos de venta forzosa de fincas abandonadas, no vamos a desistir de nuestro empeño porque no sólo es nuestro deber como administración, sino porque los ciudadanos de Jerez merecen que no los engañen”.
