Los abogados adscritos al turno de oficio en Jerez cerrarán el presente ejercicio con un incremento de la actividad de alrededor del 6 por ciento a pesar de que la huelga de los letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios de los cuerpos generales tiene paralizada buena parte de la actividad prácticamente desde principios de año.

Hasta el pasado 30 de junio, los letrados que atienden el servicio de justicia gratuita han intervenido en 3.758 casos, lo que elevaría esta cifra a 7.516 a final de año si se mantiene esta proporción. Ese número de servicios superaría con holgura el acumulado a lo largo de todo el pasado ejercicio (7.055) a pesar de que entonces no se convocaron paros.

El Colegio de Abogados estima que actualmente se encuentran paralizados casi 3.000 asuntos en el Decanato de Jerez como consecuencia de las movilizaciones del personal. “Teniendo en cuenta que por aquí no pasan temas de menores, penales o de extranjería, los datos se van a disparar”, ha advertido Alberto Escudier, diputado segundo de esta organización, coincidiendo con la celebración del día de la Justicia Gratuita y el Abogado de Oficio.

A Escudier le llama especialmente la atención el incremento de las designaciones de casos en materia laboral, muchos de ellos relacionados con la reclamación del cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En este sentido, una de las cuestiones que preocupa a los abogados que cubren el turno de oficio es que “con los niveles de renta que hay en Jerez, el 80 por ciento” de la población puede requerir asistencia jurídica gratuita, un servicio que descansa sobre las espaldas de apenas 253 letrados cuyas condiciones laborales no son sin duda alguna las mejores.

A este respecto, el colectivo recuerda que las cuantías que se perciben por este servicio “no se actualizan desde 2009” y que ni siquiera dispone de mecanismos elementales de protección cuando debe atender a sus usuarios. “Vamos a los calabozos prácticamente a pelo y estamos asegurados por cuenta del Colegio de Abogados”, incide Escudier, a pesar de que estamos hablando de un servicio público.

“La Justicia gratuita es el único derecho fundamental que la administración pública subarrienda, y encima paga muy poco”, ha subrayado.

Angélica García, diputada tercera de la junta de gobierno del Colegio de Abogados, demanda por su parte la redacción y aprobación de una nueva ley de Justicia Gratuita, dado que la actual “está obsoleta” y ni siquiera recoge conceptos hoy ya habituales como la digitalización o la conciliación laboral y familiar; mientras que Pilar Moreno, diputada quinta, ha recordado que los abogados de oficio precisan de una intensa y variada formación para hacer frente a los casos que se les encomiendan sin que sean debidamente recompensados por ello.