El secretario local del Partido Andalucista, José María España, señaló ayer las "distintas varas de medir" que, a su entender, aplica la Gerencia de Urbanismo con los casos de delitos urbanísticos, en lo que entienden como "una política muy errática".

Los andalucistas detallaron que esta política, "llena de impedimentos para algunos, pero tremendamente permisiva para otros, lo que esta convirtiendo a Algeciras en una ciudad con ciudadanos de primera y de segunda".

Para España, "el trato que se le esta dando a los vecinos de esta ciudad con problemas urbanísticos de distinta índole, se contrapone con la permisividad que se tiene con el resto de viviendas ilegales, que la propia Gerencia de urbanismo cifra en mas de 16.000 viviendas".

Una muestra de esta permisividad, según el PA, "la encontramos en un reciente requerimiento judicial a la Gerencia, por el escaso número de expedientes abiertos sobre construcciones ilegales".

Los andalucistas volvieron a hacer referencia al Club Hípico Botafuegos y sus coincidencias con el Parking Escalinata. Para el secretario local, "un ayuntamiento no puede gobernar de dos maneras diferentes en función de sus intereses, sino que debe primar el interés común y sobre todo, el principio de igualdad ante la Ley, y esto no se da en la Gerencia de Urbanismo, que practica una política tremendamente selectiva en función de sus propios intereses personales, persiguiendo o amparando según el caso. Escalinata y las mas de 16.000 viviendas ilegales, son un buen ejemplo”.

Los andalucistas siguen insistiendo en la regularización de las viviendas y en la recuperación de terrenos usurpados, en los casos en los que sea posible, "pero este tipo de actuaciones debe darse en todo el término municipal, y no solo en un núcleo poblacional a modo de escarmiento general. Las políticas se practican en general y no a titulo particular, como parece que es el caso", opinó España.

Desde el PA observan "una descoordinación total entre la Gerencia de Urbanismo, la Delegación de Vivienda y la de Patrimonio, ya que, mientras una actúa contra determinadas propiedades ilegales, las otras mantienen abierto un proceso de legalización de viviendas, que data de 1998".

Asimismo, indicaron que “llama poderosamente la atención, el celo puesto contra el Club Hípico Botafuegos o contra los vecinos de Algamasilla, mientras que en otros casos se está procediendo a legalizar y regularizar determinadas viviendas en la misma situación".