El Gobierno local ha sacado adelante las modificaciones del Plan de Ajuste comprometidas con el Ministerio de Hacienda gracias a la mayoría absoluta del PP, ya que PSOE, Vox y La Confluencia han votado en contra de un acuerdo que los socialistas entienden incluso “nulo de pleno derecho” al considerar que “se han vulnerado los derechos” de los miembros de la Corporación al no contar con un informe de Intervención “concluyente”.
Tanto PSOE como La Confluencia han centrado sus críticas en la decisión del Gobierno local de renunciar al 50 por ciento de la tasa de reposición del personal funcionario en el periodo comprendido entre 2025 y 2027 con el objetivo de reducir el coste de la plantilla en 14,9 millones de euros, lo que a su juicio mermará los servicios públicos.
Así, la concejala socialista Laura Álvarez entiende que la modificación del Plan de Ajuste tiene “un claro objetivo”, que no es otro que el de “cercenar a la plantilla” municipal, al tiempo que “cargarse los servicios públicos”, algo que cree “muy grave”.
En esta línea, el portavoz de La Confluencia, Raúl Ruiz-Berdejo, lamenta que “los ajustes vuelvan a recaer sobre la plantilla y los servicios públicos”, preguntándose “cómo se van a prestar” los mismos “si ya ahora cuesta trabajo”.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, se ha basado en el documento de traspaso de poderes que le entregó el Gobierno saliente el pasado mes de junio en el que se dejaba constancia de que la plantilla total pasó de 1.725 a 1.466 trabajadores en el periodo de gestión de Mamen Sánchez para de algún modo defenderse de ese ataque, algo que le han reprochado PSOE y La Confluencia.
Álvarez puntualizó a este respecto que en lo que se refiere a funcionarios y laborales fijos, en este periodo de tiempo se pasó de 778 a 806, dado que el Gobierno socialista recuperó “el 100 por cien” de las vacantes, sacando “todas las plazas” que permitía la ley y creando “28 más”.
El delegado municipal de Economía, Francisco Delgado, ha recordado igualmente por su parte que el Plan de Ajuste en vigor –aprobado por el Gobierno anterior- contemplaba para 2023 y 2024 una reducción del gasto de personal de 5,5 y 7 millones de euros, respectivamente, preguntando a la bancada socialista cómo pensaba ahorrar esas cantidades sin tocar a la plantilla.
Más allá de esa renuncia al 50 por ciento de la tasa de reposición del personal funcionario en el periodo comprendido entre 2025 y 2027, las modificaciones del Plan de Ajuste contemplan fundamentalmente la eliminación de la bonificación del impuesto a los vehículos que tienen más de 25 años, en aplicación de la Ley sobre Bajas Emisiones; una revisión del callejero fiscal que permitirá incrementar los ingresos a través del IAE para las empresas que facturan más de un millón de euros anuales; o un incremento del 0,3 por ciento el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO).
Para Ruiz-Berdejo, el plan es “una chapuza” entre otras cosas porque estando ya en el mes de febrero aún no se han modificado las ordenanzas fiscales que posibilitarían ese incremento de los ingresos previsto, mientras que Antonio Fernández, portavoz de Vox, incide en que estamos hablando de meras “proyecciones optimistas” que se sustentan en la evolución de la actividad económica, con el “problema añadido” ya referido con anterioridad de que a estas alturas del ejercicio ya deberían haberse aprobado las nuevas ordenanzas fiscales. “Se han puesto sobre la mesas medidas sin concreción ni rigor alguno. No hay plan ni objetivos, solo prisas por cumplir unos plazos. El Plan es un autoengaño y cerrar los ojos a una realidad que terminará imponiéndose”, subrayó el portavoz de Vox, que criticó igualmente que se contemplen subidas de impuestos.
Nuevas críticas a la gestión del interventor municipal
PSOE y La Confluencia han vuelto a cargar contra la gestión del interventor municipal, a quien el grupo socialista había pedido expresamente un informe previo del Plan de Ajuste que el habilitado nacional no ha emitido por no considerarlo necesario.
Ruiz-Berdejo ha llegado a pedir al funcionario que “ejerza como interventor y no como posibilitador” de la acción del Gobierno, ya que “es importante para la seguridad jurídica de todos y para el futuro de este Ayuntamiento”, lo que ha motivado que García-Pelayo saliera en defensa del habilitado al considerar que se estaba produciendo un “ataque” a un funcionario público.
“Estoy aquí sentado porque he ganado una plaza por oposición y nadie me ha regalado nada. Ejerzo mis funciones como buenamente entiendo y por supuesto con autonomía”, ha dicho el propio interventor tras solicitar la palabra.
Pago de más de 9 millones de euros sin crédito presupuestario
Laura Álvarez y Raúl Ruiz-Berdejo también se han referido en varias ocasiones al pago de más de 9 millones de euros que el Ayuntamiento hizo el pasado mes de diciembre a Hacienda en el marco de los compromisos adquiridos con anterioridad a pesar de no existir crédito presupuestario para hacerlo, algo que ambos han calificado de “muy grave”.
