La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Jerez que ha declarado nulas las bases del proceso de estabilización de la plantilla municipal no va a ser la única, ya que se tiene constancia de que se presentaron al menos otra media docena de demandas que advertían igualmente de que se estaban vulnerando derechos fundamentales.
Los argumentos que esgrime la sentencia son bastante contundentes, de ahí que se asuma que las próximas resoluciones judiciales caminarán en la misma dirección, anulando igualmente las bases del procedimiento.
El auto ha echado por tierra la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral promovido por el Gobierno anterior, pero sobre todo pone en entredicho el posible regreso al Ayuntamiento de alrededor de 70 afectados por el ERE de 2012.
En el seno del colectivo cunde el pesimismo y el malestar, aunque no se oculta que desde que se aprobaron las bases “se sabía que podía ocurrir” lo que finalmente ha terminado sucediendo, dado que “se producía una clara vulneración de derechos fundamentales” y ni siquiera se había previsto una reserva de plazas para personas con discapacidad.
El Ayuntamiento no se ha pronunciado aún sobre la cuestión, pero los propios afectados entienden que recurrir la sentencia ante el TSJA tendría “poco recorrido”, por lo que instan ya a “cambiar las bases” en el menor tiempo posible para poder reactivar el proceso y poder culminarlo antes del próximo 31 de diciembre, algo que creen posible aunque otras fuentes lo consideren ya “inviable”.
Sea como fuere, se tiene constancia de que el Gobierno local es el primer interesado en sacar adelante este procedimiento porque necesita cubrir las jubilaciones que se vienen produciendo, que de algún modo están dejando al Ayuntamiento sin recursos en materia de personal.
Esta Oferta de Empleo Público, negociada por el anterior Gobierno municipal con la mayoría sindical que representaban la CGT y el CSIF, incluía 911 plazas para el Ayuntamiento y otras 156 para las sociedades y fundaciones municipales, abriendo la puerta al regreso de unos 70 afectados por el ERE de 2012, dado que la experiencia previa en la Administración local les situaba en posición ventajosa a la hora de cubrir aquellos puestos que quedaran vacantes.
La primera causa que esgrime la sentencia es la discriminación que observa en la valoración de la experiencia en la Administración local, ya que se otorgan 0,75 puntos por mes trabajado desde mayo de 2007 en adelante, mientras que antes de esa fecha solo se consignan 0,25 puntos por mes.
Pero además de este trato desigual, las bases no reservaban al menos un 7 por ciento de las plazas a personas que padecen algún tipo de discapacidad.
