Al respecto, Tornay explica que “esta parcela fue vendida de forma ilegal y debe ser devuelta a los linenses. Así lo han decidido los tribunales de justicia y así debe hacerse. Hasta el momento, tanto el alcalde como Arenal se han saltado a la torera la sentencia y se han dedicado a dilatar y entorpecer el proceso y su ejecución”.
La querella fue presentada el pasado día 19 de diciembre, en la que el concejal socialista solicita se proceda a la “detención y prisión de los presuntos culpables o a exigirles la fianza de libertad provisional”. Además, se solicita que, “para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que puedan producirse, se le exija a los querellados una fianza por importe de seis millones de euros y, de no hacerlo así, el embargo inmediato de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir dicha cantidad”, dijo el portavoz socialista.
Para Tornay, “es grave hacer oídos sordos a un dictamen judicial que pretenda restablecer la legalidad, por ello debe caer todo el peso de la ley sobre estas actitudes que denotan una absoluta falta de respeto por el sistema legal y por los valores de la democracia”.
Declaraciones
Asimismo, Tornay solicita que se tome “declaración testifical a Juan Moreno Carrión, técnico adjunto a la Alcaldía, que redactó la propuesta de acuerdo de 15 de junio de 2006 por la que se volvía a enajenar la parcela litigiosa a Arenal, con el fin de que informe bajo que dirección se impulsó dicho acuerdo y los pormenores del mismo intento de compraventa, y de Sonia Rey, técnico de la oficina de patrimonio, que informó favorablemente sobre esta propuesta”.
De igual manera, el portavoz socialista solicita la declaración de otros técnicos del Ayuntamiento como César Escobar, secretario general; Rosario Jiménez, interventora; y Javier Marín, tesorero, a fin de que informen sobre las medidas concretas que se dieron entre el 15 de diciembre de 2005 y el 6 de mayo de 2008 para devolver a Arenal el precio recibido y si el mismo continúa depositado en las arcas municipales o si se ha dispuesto del mismo”.
Por último, Tornay concluyó diciendo que “los técnicos tienen mucho que aportar en este asunto y contribuir así a aclarar si el alcalde y los miembros del equipo de Gobierno intentaron cumplir la sentencia o por el contrario no hicieron nada al respecto”.
