La reclamación hace referencia a la gestión llevada a cabo en el centro denominado asociación de apoyo al medio ambiente Natura, domiciliado en el polígono industrial La Menacha, y plantea la supuesta ilegalidad en el procedimiento de contratación llevado a cabo por el centro.
En concreto, expone que los monitores de dicho centro habían sido entrevistados de forma previa por sus responsables, explicándoles el contenido de su docencia así como las cantidades que percibirían en un contrato regularizado.
Sin embargo, algunos monitores no fueron contratados con posterioridad según se les dijo, y se les conmino a que se dieran de alta como autónomos, un régimen que, de entrada, no representa una irregularidad en el convenio que regula la actividad de los centros de formación.
Sin embargo, la reclamación llegada al SAE denunciaba que algunos monitores estaban trabajando en el centro sin estar dados de alta en ningún régimen, ya fuera general o autónomo, una circunstancia que se fue paliando de forma paulatina con posterioridad a la denuncia.
Facturas falsas
La reclamación ponía de manifiesto, además, algunos procedimientos que presuntamente se estarían llevando a cabo en el centro, y que representarían supuestos manifiestos de ilegalidad en las transacciones económicas contractuales con los trabajadores.
En concreto, el centro propuso emitir facturas a los monitores para ingresar cantidades económicas que luegon fueran reembolsadas. Esta situación apunta a la sospecha de que el centro persiguiera derivar estas cantidades para el beneficio económico propio de la empresa responsable de los cursos, los cuales se contemplan para organizaciones sin ánimo de lucro.
Dada la gravedad de los hechos transmitidos, y siguiendo un protocolo de actuación ordinario, el Servicio Andaluz de Empleo ha dado traslado de estos hechos a la Inspección de Trabajo en la provincia de Cádiz, al objeto de que investigue la supuesta irregularidad en las contrataciones.
Igualmente, se ha trasladado a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo (FPE) en Sevilla, para que investigue las condiciones en las que se están llevando a cabo los cursos, el pago de subvenciones y las supuestas infracciones.
La justificación de las facturas es el motivo fundamental de la investigación de la Dirección General de FP, para conocer si efectivamente se estaba produciendo un desvío de esas cantidades.
