La Secretaría Comarcal del sindicato UGT denunció ayer la situación de impago de las cuotas sindicales detraídas a los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Los Barrios desde hace más de tres años, un impago que supone “un presunto delito de apropiación indebida por parte de la Corporación Municipal y sus gestores y que ya supera los 100.000 euros”.

El sindicato recordó que esta situación ya fue denunciada en el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras hace más de un año y medio, denunciándose entonces la presunta apropiación indebida de más de 40.000 euros hasta esa fecha en referencia a las cuotas de 2008 a 2010.

Lamentan que, una vez denunciada en el juzgado, esta situación ha seguido repitiéndose en el tiempo hasta ahora, por todos los gestores locales que han pasado por el Ayuntamiento barreño, a excepción del alcalde Montedeoca, quien sí abonó unos tres meses de las cuotas mensuales.

Sin embargo, señalan al actual primer edil, Jorge Romero, asegurando que, desde que tomara posesión de su cargo en junio, “aún no ha pagado ni un solo euro de las cuotas sindicales que cada trabajador afiliado aporta mensualmente a su sindicato de sus nóminas, incurriendo de nuevo en este presunto delito tipificado en el Código Penal en los artículos 249, 250 y 252”.

“Sin embargo, el regidor local sí se permite el lujo de cerrar las empresas públicas municipales con manu militari y sin un consenso con los agentes sociales; despedir a las trabajadoras de la limpieza de colegios en el municipio y rescindir el contrato a los 28 trabajadores de la RTVLB; y, por último, recortar a la mitad las horas sindicales de los representantes de los trabajadores argumentando que el convenio colectivo es ilegal”, señalan.

UGT recalca que el Código Penal señala que “serán castigados con las penas, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores, o cualquier otro mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos … cuando la cuantía exceda de los 400 euros”.

Así, consideran que, de declarar a la justicia esta presunta apropiación, las penas a las que se enfrentan los regidores locales es de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses cuando cumpla estos supuestos.

Desde el sindicato, entienden que “si esta situación no se corrige inmediatamente estamos en nuestro derecho de interrumpirle la gestión que realice de forma perversa contra los trabajadores del Consistorio en un claro ataque unilateral contra el derecho laboral de los trabajadores”.

“Por todas estas cuestiones estimamos oportuno y necesario que se inhabilite de una vez a este nefasto alcalde”, señalan, aunque abren una puerta al consenso, “tendiéndole una mano para ofrecer soluciones y alternativas por el bien de los trabajadores municipales”.