En 1927 la dictadura del general Miguel Primo de Rivera dividió las Canarias en dos provincias, debido a las rencillas locales. La capital hasta entonces había sido Santa Cruz de Tenerife; se creó una nueva provincia formada por las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con capital en Las Palmas. En los años 60 y 70 se debatió en la Administración del franquismo la creación de una nueva provincia en Andalucía, y el proyecto estuvo a punto de aprobarse, tal como ha contado en sus memorias uno de los implicados en el mismo, Carlos Robles Piquer.
Un objetivo nacional
Cuando la ONU comenzó el proceso de descolonización de los imperios europeos, el Gobierno español presentó el caso de Gibraltar en 1960 ante el Comité de Descolonización. Aunque éste falló a favor de las tesis españolas y estableció que Madrid y Londres debían iniciar las negociaciones para la restitución del Peñón a la soberanía española, el Reino Unido se negó a hacerlo y trató de eludir las resoluciones de la ONU mediante la concesión de la autodeterminación a la población que en los siglos anteriores se había establecido allí.
En 1969, Madrid decidió cumplir el Tratado de Utrecht y cerrar la comunicación entre la colonia y el territorio español; una de las primeras decisiones del Gobierno socialista de Felipe González, en diciembre de 1982, fue la reapertura de la verja.
Que la reclamación de Gibraltar no era una obsesión franquista ni una consigna falangista para distraer a la población con un enemigo exterior lo prueban estas declaraciones de los cuatro presidentes que tuvo la I República: Estanislao Figueras: “El objetivo de la nación debe ser, en esta como en todas las cuestiones, buscar el engrandecimiento y la prosperidad, para que esta política nos lleve a Gibraltar”; Francisco Pi i Margall: “La patria está encogida porque está cercenada con la exclusión de Gibraltar”; Nicolás Salmerón: “Inglaterra extiende continuamente su dominio en el territorio de España”; Emilio Castelar: “Yo admiro mucho a la nación inglesa. Mas declaro que no puede ser nuestra aliada mientras posea Gibraltar”.
Escogido hasta el gobernador civil
En 1965, el régimen franquista aprobó el Plan de Desarrollo del Campo de Gibraltar. El cierre de la verja, que dejó sin trabajo a varios miles de españoles, causó un gran empobrecimiento en la colonia y su hinterland. En los años posteriores se instalaron en el Campo de Gibraltar varias industrias, como una refinería de Cepsa y una planta de fabricación de acero inoxidable de Acerinox.
El Gobierno no limitó su acción al fomento de la industria, sino que la extendió a la Administración: se propuso la creación de una nueva provincia que reforzase la reivindicación española y tutelase el desarrollo social y económico. A principios de 1969 el proyecto estaba tan avanzado que el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, comunicó a Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, que se había pensado en uno de sus directores generales, Carlos Robles Piquer, como primer gobernador civil de la nueva entidad.
De acuerdo con el proyecto, la novena provincia andaluza se denominaría Gibraltar y se formaría con 28 municipios desgajados de la provincia de Málaga, entre ellos Ronda y Estepona, y 12 de la de Cádiz, como La Línea de la Concepción, Algeciras y Tarifa. Tendría en torno a 300.000 habitantes y sería la décima menos poblada de España, aunque con una densidad que triplicaría la media nacional.
La capitalidad estaba dudosa entre Algeciras o un nuevo municipio que recibiría el nombre de Gibraltar –para mantener la costumbre española de que las provincias, salvo unas pocas excepciones, tengan el mismo nombre que su capital– e integrado por la suma de Algeciras, La Línea, San Roque y Los Barrios.
Fracaso del proyecto
A medida que se conocía el proyecto, las reacciones entre los afectados crecían. El gaditano José María Pemán escribió en febrero de 1969 un artículo para ABC que se le censuró y en el que arremetía contra el proyecto: No se le puede hacer la guerra a Inglaterra. Pero sí se puede hacer la guerrilla sobre terrenos de Cádiz y Málaga.
Se les puede quitar un buen cupo de malagueños y gaditanos, como extraño remedio de los que ya les quitó Gibraltar.
Entre los partidarios de la erección de nueva provincia figuraban ministros como Fraga y Castiella, y representantes de los municipios y comarcas afectados que se consideraban olvidados por sus organismos provinciales, como la Hermandad de Alféreces Provisionales de Ronda.
Entre los opuestos estaban las diputaciones de Málaga y Cádiz y el ministro de Interior, el general Alonso Vega. Este militar llevó al Consejo de Ministros celebrado el 7 de marzo su propio informe, en el que rechazaba de plano la nueva provincia y proponía que se nombrase un delegado especial del Gobierno con jurisdicción sobre el Campo de Gibraltar y con facultades análogas a las de los gobernadores civiles.
El asunto coleó durante varios años más. El catedrático Salustiano del Campo, natural de La Línea, y el mismo Fraga pidieron que se recuperase la creación de la nueva provincia en 1973. Y ya en la transición se volvió a recordar alguna que otra vez.
Pasado el tiempo, lo que nos sorprende no es la creación de una nueva estructura administrativa, ya que en los años de la democracia hemos asistido a la producción en serie de todo tipo de entes administrativos, con cohortes de funcionarios, sino el motivo por el que el proyecto fracasó. He aquí las palabras con las que lo explica Robles Piquer:
“Al final, un régimen considerado dictatorial cedió a las presiones de quienes se sentían agraviados por la iniciativa, que fueron, sobre todo, las diputaciones provinciales de Málaga y Cádiz”.
Y Almería, encadenada a Andalucía
En cambio, hoy los gobernantes se imponen a sus gobernados aunque éstos manifiesten que no aceptan sus proyectos. Los políticos catalanes volvieron cabeza abajo a la sociedad catalana con su nuevo estatuto, en cuyo referéndum votó menos de la mitad del censo. Lo mismo ocurrió en los años de UCD con el referéndum de autonomía de Galicia (diciembre de 1980), en el que sólo votó el 28% del censo, y el de Andalucía (1981).
En éste se exigía que en las ocho provincias ganase el sí por mayoría absoluta para proceder a una autonomía similar a la vasca y a la catalana, pero en Almería no se alcanzó la cifra... y la UCD y el PSOE hicieron un apaño, mediante el cual los diputados y los senadores de las Cortes sustituyeron la voluntad de los almerienses y metieron esta provincia en la comunidad autónoma por una ley orgánica. Desde luego, el diseño del mapa provincial no ha causado tantas protestas como el del mapa autonómico.
