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Martes 19/11/2024
 

Jerez

Condenados a 510 euros de multa por el absentismo escolar de su hijo

Los progenitores no regularizaron la escolarización del menor pese a las advertencias y entrevistas

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Esta semana se ha citado un juicio en la sede de los Juzgados de lo Penal de Algeciras por abandono de familia, a raíz del seguimiento realizado por los Servicios Sociales Municipales con los distintos centros educativos de la ciudad y la denuncia consiguiente por la Fiscalía de Protección de Menores de Cádiz, contra los progenitores de un menor, al ser considerado el absentismo escolar un supuesto de abandono de familia.

Los progenitores han sido condenados por no adoptar las medidas necesarias para que el menor, en edad escolar obligatoria, de 6 a 16 años, ejerciera su derecho a la educación.

Tras la derivación del caso por parte el centro educativo de referencia, desde los Servicios Sociales se puso en marcha el protocolo de absentismo escolar establecido. Se mantuvieron varias entrevistas e intervenciones con los progenitores, informándoles de las obligaciones que tienen respecto de sus hijos inherentes a la patria potestad, así como de las consecuencias derivadas del incumplimiento de dichas obligaciones. Aun así, éstos no regularizaron la escolarización del menor.

Comparecieron el lunes 5 de marzo en el Juzgado de lo Penal de Algeciras los técnicos de los centros educativos y de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, llegándose a un acuerdo de conformidad entre el fiscal y los abogados de los padres denunciados, de manera que los progenitores deberán abonar una multa, cuya cuantía mínima suele fijarse en 510 euros a cada progenitor, dado que la pena mínima por el delito de abandono de familia es de 6 meses de multa, oscilando el importe en función de la cuota diaria establecida.

No obstante, la teniente de alcalde Asunción Barranco considera que pese a los esfuerzos de todos los sectores implicados (centros educativos, Servicios Sociales y Policía Local a través de la Unidad de Agentes Tutores), los castigos que se imponen son mínimos en relación con el daño que se da a los menores.

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