Desde la empresa han señalado que, el alcalde, Jorge Romero, le habría trasladado al abogado de la empresa en una reciente comunicación verbal que “para aprobar el Plan Parcial tenía que darle el 45% a Jesús Salazar”, un constructor, “y el 10% de aprovechamiento que tiene el Ayuntamiento, o sea el 55% en total”.
Iglesias Peral mantiene que “eso es un chantaje, porque eso no es legal. El 10% de aprovechamiento municipal sí, pero no un 45% a un particular por la cara”.
Lo desmiente
El alcalde del municipio negó ayer tajantemente este extremo, señalando que “no es cierto” y que desde el Ayuntamiento “no se ha pedido absolutamente nada”.
Además, Jorge Romero recuerda que, sobre dicha parcela, “lo que hay es una paralización judicial de la urbanización de los terrenos”, como consecuencia de la denuncia interpuesta por el PA, entonces en la oposición, por la ejecución de obras en La Gertrudis sin licencia.
Jorge Romero calificó de “barbaridad” la denuncia planteada desde Iglesias Peral, insistiendo en su falsedad, y aseguró que pondrá el asunto en manos de los servicios jurídicos municipales.
Además, apuntó que es “abusivo” por parte del propietario de La Gertrudis, “cuando él compró los derechos para 20.000 metros de techo y se ha quedado con una propiedad que multiplica esta cifra por diez”.
Antecedentes
El contencioso de La Gertrudis se remonta a un proceso de expropiación municipal de la finca de la familia Los Abazolos, a la que, por un bien común, le pagaron 600.000 euros. El objetivo era la urbanización para la construcción de un polígono industrial.
La empresa municipal GAMA empieza a vender parcelas mediante contratos con opción de compra, con señales que oscilarían entre los 30.000 y los 70.000 euros, para luego abonar el resto de la cantidad cuando la parcela estuviera ya urbanizada.
En este proceso participaron en los últimos años alrededor de cuarenta empresas. Una de ellas, Iglesias Peral, vinculada a GAMA, fue requerida por el propio Ayuntamiento para que fuera adelantando más cuantías de la inicial, hasta abonar 1.100.000 euros, quedándose con que lo único de lo que disponía era de una parcela sin desarrollar.
La empresa denunció finalmente al Consistorio por incumplimiento de contrato, y anota en el Registro de la Propiedad una prevención de embargo con medidas cautelares. Al final, se estableció un porcentaje sobre las tres parcelas que componen la finca, tasándola en 1.200.000 euros.
El desenlace fue una subasta, en la que no se produjo ninguna puja. Por ello, se decidió hacer una valoración del 70% sobre las parcelas, adjudicándose a Iglesias Peral.
