Primero fueron 300, luego 273 y, salvo nuevos movimientos en los próximos días, la cifra definitiva de los despidos en el Ayuntamiento de Jerez se quedará en 260 trabajadores. Si ya la pasada semana los sindicatos cuestionaban los criterios seguidos por Deloitte, gabinete jurídico que representa legalmente al Consistorio en el proceso, la nueva rectificación en la lista negra ha sido la gota que ha colmado el vaso para los representantes sindicales y partidos de la oposición, que no se explican la falta de previsión del Gobierno local y los errores “garrafales” que, a su juicio, está caracterizando a la tramitación del expediente que en estos momentos está pendiente del informe “no vinculante” de la autoridad laboral.


El que de nuevo una Junta local de Gobierno extraordinaria haya dado luz verde a otra rebaja en el número de afectados cuando el periodo de consultas se extinguió hace dos semanas, ha llevado a los sindicatos a calificar de “mamarracho” los pasos dados por el Consistorio, dudando abiertamente de la legalidad del proceso.


El nuevo giro de tuerca se producía el pasado jueves, cuando el Gobierno local del PP aprobaba reducir la lista a 260 trabajadores. ¿Las razones? Seguir ahorrando a base de indemnizaciones que casi una veintena de laborales iba a percibir a falta de unos meses para jubilarse de forma natural, aunque no se entiende que Deloitte, y por partida doble, no haya tenido en cuenta este tema hasta una vez notificado el documento a Empleo.


En concreto, el Consistorio ha sacado de la lista a 13 trabajadores, tras decidir ampliar a seis meses más (hasta febrero de 2013) el plazo fijado para no incluir en el expediente a los laborales (9) que accedan a la jubilación de forma natural hasta febrero, que es cuando cumplirán los 65 años. De esta manera, se ahorraría  otros 250.000 euros aproximadamente, y ya van 500.000 en indemnizaciones, como ya hizo con otros ocho laborales el pasado 21 de julio, dos días después de vencer el periodo de consultas preceptivo. 


De nuevo se repite la misma operación, seguirán trabajando los nueve empleados que cumplen los 65 antes de febrero, y otros cuatro trabajadores afectados inicialmente por el ERE se “intercambian” en previsión de las  jubilaciones voluntarias que se producirán en estas fechas de cuatro funcionarios. La propia alcaldesa, María José García-Pelayo, quitaba hierro al asunto 24 horas más tarde de conocerse estas novedades y calificaba de “extremadamente grave” la reacción de los sindicatos, sin hablar en ningún momento del buen pellizco que se ahorrarán en indemnizaciones.


“Hemos entendido que cualquier mejora que se pueda aplicar al ERE es buena para los trabajadores incluidos.  Esta medida es dolorosa, pero tenemos sentimientos. Él unico planteamiento es que como hay cuatro funcionarios que se jubilan en febrero, hemos entendido que no pasa nada, hay  cuatro funcionarios menos y hemos tenido posibilidad de sacar cuatro trabajadores del ERE. Son cuatro trabajadores que van a poder seguir trabajando y pagando sus hipotecas. Yo no creo que sea malo -añade- pero parece que a los sindicatos y a los grupos de la oposición les molesta y les duele que haya menos trabajadores incluidos en el ERE cuando ellos no han aportado nada y han dado siempre la callada por respuesta mientras el Gobierno se ha puesto a disposición de los sindicatos para corregir errores”, manifiesta.

Unos errores y rectificaciones que para la presidenta del comité de empresa, Nieves Calvillo, pueden  convertirse en uno de los argumentos de peso para tumbar el ERE en los juzgados. “Nos lo están poniendo más fácil de lo que pensábamos cuando tengamos que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y así lo haremos ver en nuestra demanda. Este ERE es un cachondeo. Si está todo cerrado -agrega- no cabe modificación de la lista, no entra dentro del procedimiento. Además, las cosas no se modifican así de forma unilateral; no es la forma esto es un proceso y el Ayuntamiento se lo está saltando a la torera”, añade.


Calvillo va más allá y sostiene que además de “defecto de forma” el documento final “podría estar cerca del fraude de ley”. “Si la forma del despido la eligieron ellos (por el Ayuntamiento), no entendemos que con una empresa de asesoramiento jurídico se estén alejando tanto de la realidad”.

 

Respondiendo a las críticas de Pelayo, la presidenta del comité de empresa asegura que se “alegrarán” cuando salgan los 260 trabajadores de la lista y tiene claro que “si siguen así van a conseguir que todos los despidos sean declarados nulos”. A la espera del informe de Empleo, tras aprobar en Junta de Gobierno local la extinción de los contratos para 260 trabajadores, el Ayuntamiento tiene de plazo hasta el 12 de septiembre para notificar unos despidos que empezarán a comunicarse en los próximos días.

Pelayo hace balance: “Todos hemos sido novatos en este Ayuntamiento”

La alcaldesa aprovechó su última comparecencia para hacer balance sobre el proceso del ERE y hablar del trabajo del gabinete jurídico Deloitte contratado para ejecutar el expediente y que los sindicatos han puesto en tela de juicio por las constantes modificaciones. “Ha sido un trabajo dificil para todos. En este Ayuntamiento todos hemos sido novatos, ni sindicatos, ni Ayuntamiento ni  Gobierno tenía experiencia previa en una RPT y entonces no hay la misma facilidad.  Con el ERE ha pasado lo mismo, advirtió la regidora popular.  El Ayuntamiento -continuó- es el primero de España que tramita un expediente de regulación de empleo y Deloitte la primera empresa a la que se le oferta esta posibilidad. Ha sido un trabajo muy duro, con durísimas reuniones y basta con ver el contenido de las actas y en esa tramitación la presencia de Deloitte ha sido una doble garantía cumplimiento legalidad”.  Pelayo también echó la vista atrás para repasar todos los pasos que ha dado el Gobierno municipal desde aquel duro Viernes de Dolores en el que el PP aprobó el Plan de Ajuste.”El 31 de abril visto tuvimos el visto bueno del Ministerio de Hacienda, hemos elaborado la RPT, el ERE, hemos planteado el nuevo convenio y puesto en marcha todos los pliegos de contrataciones del capítulo dos de las concesionarias”, concluye. Una “intensidad” de medidas que promete seguir en septiembre.