Los consejos de administración de las empresas municipales aprobaron este miércoles el inicio del procedimiento que supondrá el despido de una cantidad indeterminada de trabajadores, aunque todo apunta a que la cifra final de afectados rondará los 140.

La propuesta salió adelante gracias a la mayoría absoluta del grupo popular, encontrándose con el rechazo frontal de PSOE y Foro Ciudadano. Izquierda Unida, incluso, se negó a participar en la votación para no ser “cómplice” de lo que considera “una negligencia” del Gobierno local.

La iniciativa promueve un procedimiento de despido en Emuvijesa, Emensa, Jereyssa, Jesytel, Emusujesa, Cirjesa, Zoológico, Escuela de Negocios y Jecomusa. El planteamiento del Ejecutivo popular contempla la extinción de unos 90 contratos en dichas empresas, excluyendo de la relación a la última de ellas, que gestiona la televisión municipal. En este último caso, se estima que podrían ser hasta medio centenar los trabajadores afectados, si bien el Gobierno nunca ha dado oficialidad a esta cifra.

El PSOE considera “totalmente injusta e insolidaria” esta medida, advirtiendo además de que se está incurriendo en un “incumplimiento flagrante” de acuerdos que fueron adoptados por unanimidad en el Pleno municipal.

En concreto, los socialistas recuerdan que el 27 de abril se acordó la constitución de una comisión especial que concretara este tipo de medidas y estudiara alternativas al Plan de Racionalización de los Recursos Municipales. Además, el 29 de junio también se aprobó por unanimidad que se consensuara con los representantes sindicales y los grupos políticos cualquier tipo de medida que pudiera afectar a los trabajadores.

Foro Ciudadano justificó su oposición a esta medida en el rechazo que en su día mostró al Plan de Ajuste, el Plan Integrado y la línea de crédito abierta por el ICO, iniciativas que se encuentran en el origen de estos despidos. La portavoz de este grupo político, Rocío Montero, emplazó por tanto al Gobierno local a “asumir las consecuencias” de las medidas promovidas con anterioridad.

IU, por su parte, criticó la ausencia de un expediente o informe que justifique los despidos, así como la “falta de rigor” mostrada por el Gobierno local al presentar un texto genérico para todas las sociedades a pesar de partir de realidades singulares.

A esta formación política le parece además “irresponsable” que se ponga el proceso en manos de Deloitte cuando “ha quedado de manifiesto su incompetencia y falta de ética” en el desarrollo del ERE municipal.