El portavoz del comité de empresa, Francisco Díaz, señaló que “se han rectificado algunos aspectos de la redacción que no concordaban con lo pactado pero todo está en condiciones”.
A partir de ahora, será la dirección general de Trabajo la que evalúe, en un plazo de diez días, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la papelera y que llegará al ministerio con un acuerdo firmado entre ambas partes.
De esta forma, una vez se obtenga la autorización administrativa, la compañía podría empezar a desmantelar la fábrica. Según Díaz, “este aspecto dependerá ya de la compañía, mediante una programación ordenada del cierre”.
En principio, el proceso podría alargarse hasta la segunda quincena de febrero cuando la actividad cese completamente.
A partir de ahora, los trabajadores se encuentran a la expectativa de que culminen con éxito las negociaciones que la Junta de Andalucía mantiene con LPC para la compra de las instalaciones y se retome así la actividad industrial.
Para Díaz, “sería un final positivo en este aspecto. Por nosotros sería maravilloso y tenemos nuestras esperanzas puestas en las gestiones de la Junta de Andalucía y que se concrete todo”.
