Una Ley con sentido común

En estos días se está generando una polémica, miope si me lo permiten, en relación a la reforma de la administración local. Está sirviendo a los partidos de la oposición para generar una polémica, muy alejada del ciudadano, en torno al reparto de competencias entre las administraciones. Que si se pierde autonomía local, que si la administración autonómica tiene que asumir la financiación de determinados servicios. En definitiva, una apariencia de quítate tú que me pongo yo o un no toques mis competencias que pierdo poder. Sinceramente, creo que este enfoque es totalmente erróneo. Perderíamos una oportunidad histórica si únicamente enfocáramos esta reforma en las administraciones. Hay que pensar en qué demanda el ciudadano y qué espera de aquellos que le gobiernan.
Si usted le preguntara a cualquier conocido, amigo o vecino sobre qué espera de su Ayuntamiento, Diputación, Parlamento regional o administración central, seguramente le contestarán algo muy parecido. Queremos una administración, sea la que sea, que nos preste unos servicios de calidad acorde a lo que pagamos con nuestros impuestos, que el coste de estos servicios sea justo y no sobredimensionado -porque al final los pagamos entre todos-, y que la gestión se realice con transparencia. Pues eso es, precisamente, lo que busca la reforma de la administración local. No pretende la pelea entre administraciones, se centra en lo que nos están demandando los ciudadanos. Que el servicio lo preste aquel que mejor lo pueda prestar. Una competencia, una administración. Sea la que sea, a los ciudadanos no nos preocupa que sea o deba ser el Ayuntamiento, la Junta o el Gobierno de España, lo que realmente nos preocupa es que la competencia se ejerza y se desarrolle de forma eficiente y a un coste justo. Todo lo demás es una batalla entre políticos de distintas administraciones, para mantener cuotas de poder y sin pensar en los ciudadanos.
No creo que nadie esté en contra de que no se dupliquen los gastos para la prestación de un mismo servicio y que si es una determinada administración la que lo debe prestar, que se asegure la financiación para hacerlo de forma eficaz y no se quede el dinero de todos en estructuras ineficientes y duplicadas o triplicadas. No creo que nadie esté en contra de que el sector público empresarial tenga la dimensión necesaria, razonable y sostenible y que no se utilice para engordar el gasto público escudándonos en la defensa de lo público. Porque no hay mejor defensa de lo público que cuidar por los euros de los ciudadanos. Y no creo que nadie esté en contra de que los salarios de los políticos estén limitados y sean transparentes. Quien no esté de acuerdo es porque no está enfocando su visión a lo que realmente importa, el interés general y el servicio a los ciudadanos.
Como usted puede ver, y a pesar de las críticas legítimas y lógicas, esta Ley pretende que, sobre todo, se imponga el sentido común.