El decreto de la Junta

La rama más radical de la Junta de Andalucía ha sacado un decreto con un nombre muy sugerente y con algunas medidas que, si tuvieran realmente financiación desde la administración autonómica, podrían ayudar a que las viviendas vacías puedan salir al mercado y que las familias con menos ingresos puedan acceder a ellas pagando un límite del 25% de sus ingresos.
El problema, el de siempre, la necesidad que tienen algunos de justificarse ideológicamente con actuaciones radicales y coercitivas, en este caso, la necesidad estética de recurrir a la expropiación, para aparentar que defienden a los más débiles. La realidad, todo lo contrario, la Junta de Andalucía sigue tramitando expedientes de desahucios en el parque público de viviendas andaluz, no paga las subvenciones ya comprometidas para la rehabilitación de las viviendas, no paga las subvenciones ya comprometidas para poner los ascensores en las viviendas más antiguas y no paga o paga tarde las ayudas para las promociones de alquiler social. La típica actitud del PSOE e IU, la foto para ellos y la factura que la paguen los demás.
Recuerdo que en mayo de 2011 la primera actuación que el Partido Popular tuvo que hacer en Diputación fue paralizar un desahucio en Villamartín porque el PSOE e IU querían dejar en la calle a una familia con doce hijos. Estos son los que ahora vienen vendiendo el cuento de que quieren proteger a los más débiles, pero ya no les cree nadie. La realidad es que, desde que el Partido Popular gobierna en Diputación, no se ha realizado ni un desahucio y se han paralizado los que estaban en marcha. Y lo mismo ha ocurrido en Jerez. Se paralizaron los desahucios iniciados por el anterior gobierno del PSOE, fuimos el segundo Ayuntamiento de España en poner en marcha la oficina de atención hipotecaria y todas las viviendas que estaban vacías se pasaron del régimen de venta al alquiler con opción de compra. Ésa es la gran diferencia.
Y ahora volvemos a hacer una propuesta para intentar que la Junta abandone las propuestas radicales y plantee soluciones con sentido común. ¿Si la Junta de Andalucía está dispuesta a pagar por las expropiaciones temporales, por qué no destina ese dinero a ayudas al alquiler? De esta forma se permitiría cumplir el objetivo de fomentar el alquiler de viviendas vacías, se eliminaría el penoso trámite de la expropiación y todo sería mucho más ágil. Esperemos que la Junta de Andalucía ponga a su decreto un poco de sentido común y elimine posiciones ideológicas frentistas e innecesarias en los tiempos que corren.