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Jerez

La Audiencia ratifica que 'hackear' videoconsolas es un delito

La sentencia, dictada en Jerez en 2011, partió de de una denuncia presentada por Adese contra el responsable de una tienda que vendía sistemas para piratear videoconsolas

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La Audiencia Provincial de Cádiz ha ratificado la sentencia dictada el 20 de octubre de 2011 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez, a instancias de una denuncia presentada por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (Adese), por la que se condena al responsable de una tienda por la puesta en circulación de medios de sistemas para piratear videoconsolas.

   Según ha indicado Adese en un comunicado, el magistrado considera que la instalación y la comercialización de esos chips, a pesar de que puedan tener otros usos legales como el incremento de las funciones de una videoconsola, provoca la desaparición del derecho de propiedad intelectual mediante la desprotección de programas. "Esta finalidad, y no otra, supone la razón de la adquisición del producto", apunta.

   Adese recuerda que se han dictaminado anteriormente sentencias contradictorias a este respecto debido a la "ambigüedad del actual Código Penal acerca del carácter delictivo de estos dispositivos".

   Ante esta "dificultad de interpretación", Adese muestra su apoyo a la reforma que está impulsando el Ministerio de Justicia para "clarificar los términos". De este modo, el nuevo Código Penal "se adaptará a las directivas europeas sobre propiedad intelectual y se evitará que España sea el único país europeo donde se distribuyen estos dispositivos impunemente", subraya.

   Explica que con esta sentencia son ya "once los fallos que confirman que la comercialización de dispositivos que vulneran las medidas de protección de las videoconsolas es un delito contra la propiedad intelectual, lo cual ratifica la necesidad de una modificación de la legislación en que se clarifique este aspecto en el Código Penal".

   Finalmente, Adese enfatiza que la piratería en el ocio digital "lastra y paraliza" la industria del videojuego en España, "impidiendo la creación de empresas locales y la potenciación de la confianza para atraer la inversión de compañías internacionales a este país".

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