España y la Comisión Europea  han presentado apelaciones en el caso fiscal en la Unión Europea. Así lo confirmaba el diario local Gibraltar Chronicle, aunque matizando que el movimiento de la Comisión, enfocado en asuntos técnicos, probablemente no perturbe la decisión del Tribunal.

A punto de concluir el plazo de presentación de apelaciones, la Comisión y España presentaron sus solicitudes ante el Tribunal Europeo de Justicia, en Luxemburgo. El pasado lunes, Jonathan Todd, portavoz de la Comisión para Ayudas Estatales, aclaraba que la Comisión sólo estaba apelando en el asunto de la selectividad material, no en la cuestión de la selectividad regional.

No está claro sin embargo si España también se ha limitado en su apelación al asunto de la selectividad material. Los observadores de Bruselas parece que dudan de que España fuera a apelar ahora la decisión de la denominada selectividad regional, ya que no lo hizo en su presentación original.

Una decisión contra Gibraltar en el tema de la selectividad regional habría significado que Gibraltar se integraría en el sistema fiscal del Reino Unido y no contaría con su propio sistema de impuestos. Esta situación fue rehusada rotundamente con la sentencia del Tribunal de Primera Instancia Europeo en el mes de diciembre pasado.

A través de esta decisión judicial el Tribunal Europeo reconocía la postura de Gibraltar como territorio constitucionalmente independiente del Reino Unido.

Asuntos Exteriores
El Ministerio español de Asuntos Exteriores confirmaba ayer que España había presentado un recurso y que el Tribunal Europeo de Primera Instancia le había dado traslado a las partes implicadas.

En el momento en el que cada una de las partes haya presentado su respuesta, esta documentación pasará a ser de dominio público.

Partido Popular
Por su parte el diputado nacional del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, mostraba su satisfacción por la noticia y señalaba que habían pedido información al Ministerio español de Asuntos Exteriores.

Esperaba el diputado que la apelación pusiera fin a la “desleal competencia que supone que Gibraltar cuente con un sistema fiscal propio, competencia para España e incluso para el propio Reino Unido”.

El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE) anuló el pasado diciembre el veto impuesto por la Comisión Europea a la reforma del impuesto de sociedades de Gibraltar presentado por Reino Unido en 2002.
   
En su sentencia  el TUE analizó en primer lugar si el marco de referencia adecuado para verificar si las ayudas son selectivas (y por tanto ilegales) es el territorio de Reino Unido o el territorio de Gibraltar. Para ello, aplica los tres requisitos establecidos en la sentencia sobre el régimen fiscal de las Azores: autonomía institucional, autonomía en materia de procedimiento y autonomía económica y financiera. La conclusión del Tribunal fue que Gibraltar cumple los tres requisitos. Ello significa que el marco de referencia para apreciar la selectividad regional de la reforma fiscal de que se trata se circunscribe exclusivamente a los límites geográficos del territorio de Gibraltar y que, por tanto, “no puede llevarse a cabo ninguna comparación” entre el sistema fiscal aplicable en Gibraltar y Reino Unido.

El TUE fue además más allá y concluyó que el Ejecutivo comunitario “sobrepasó los límites de su control”e  “impuso su propia lógica por lo que respecta al contenido y al funcionamiento del sistema fiscal notificado por Gibraltar”.

Tras conocer el veredicto, el Gobierno de Gibraltar mostró su satisfacción señalando que esta “completa victoria” en el caso ante el Tribunal Europeo sobre la fiscalidad del Peñón, supone un enorme paso adelante a nivel económico, social, político y constitucional. Añadía Caruana que era la selectividad regional el tema crucial para el Peñón, ya que “sin la capacidad para implementar nuestro propio régimen fiscal, la economía gibraltareña, y por lo tanto, nuestro modelo social y político, no podría haber sobrevivido”.

Una vez más, apuntó el ministro principal, “una pequeña comunidad ha demostrado que cuando tiene el derecho de su parte y actúa de forma razonable e inteligente, tiene la habilidad y determinación para defender sus derechos e intereses como pueblo, incluso cuando son desafiados por poderosas entidades”.