El Pleno ha aprobado con los votos favorables del PP y de Izquierda Unida y la abstención del PSOE y Foro Ciudadano reiterar la voluntad ya expresada por el Ayuntamiento de iniciar el procedimiento de segregación de los términos municipales de La Barca de la Florida y de Torrecera, conforme a lo previsto en el artículo 95.1.a de la LOUA. Igualmente se ha aprobado continuar con la formación del necesario expediente de segregación exigido por el artículo 96 de la citada ley para su remisión al órgano competente para su tramitación y dar traslado de este acuerdo a la administración autonómica.
La delegada de Medio Rural, Susana Sánchez-Toro, ha explicado que el Pleno aprobó en septiembre de 2013 y en diciembre de 2013 “tomar conocimiento de los acuerdos de las juntas vecinales de ambas pedanías así como dar inicio a las actuaciones necesarias para su segregación”.
La delegada ha aclarado también que “tras recibir requerimiento de la Junta de Andalucía negando que este organismo autónomo vaya a iniciar de oficio esta segregación, se eleva a Pleno esta propuesta para que se apruebe de nuevo el inicio del expediente de segregación conforme a lo previsto en el punto 95.a y no el 95.c, esto es, que sea el ayuntamiento de Jerez, como ayuntamiento matriz, el que tramite de oficio este expediente de segregación”.
La ponente ha hecho hincapié en que “el gobierno municipal ha mostrado su voluntad de atender a la petición de estas dos entidades con el máximo respeto hacia sus ciudadanos. El expediente de segregación se lleva trabajando un año de la mano de los alcaldes pedáneos y con los responsables de la Junta de Andalucía. El expediente completo no está terminado porque es muy complejo y son las propias ELAs las que lo están terminando de elaborar con una consultoría y una comisión técnica que se ha constituido en el Ayuntamiento. Ahora lo que traemos es que se continúe la tramitación de este expediente solicitándolo de oficio el Ayuntamiento de Jerez”.
Por su parte, la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha explicado que “las dos pedanías han tomado una decisión política que conlleva una tramitación jurídica muy compleja, que requiere su tiempo para hacerlo acorde a la legislación vigente. Pero nos tienen que reconocer que por primera vez se ha dado respuesta a este sentimiento”.
Susana Sánchez también le ha recordado al grupo socialista “que dejaron una deuda tremenda con las pedanías y no podemos creer que nos pidan ahora una financiación en tiempo y forma. Este gobierno ha aprobado un estatuto regulador para que no haya arbitrariedad que se concretará con los convenios que se firmarán con cada entidad una vez que se aprueba el Presupuesto de este año. El gobierno municipal no ha pagado toda la deuda pero sí bastante más de lo que el gobierno socialista pagaba a las ELAs”.
