El candidato de Foro Ciudadano de Jerez a la Alcaldía, Raúl Ramírez, ha demandado al gobierno local del PP y a la Junta de Andalucía que busquen una solución técnica “flexible” y que parta de la “buena voluntad y el compromiso político con los vecinos” para lograr “cuanto antes” la desafectación de cañadas y la legalización de viviendas que históricamente se han levantado en vías pecuarias, descansaderos y asentamientos rurales del término municipal. En este sentido, el alcaldable de Foro ha propuesto constituir una Mesa Técnica por la Legalización de Viviendas en el Jerez Rural que cuente “exclusivamente” con técnicos de ambas administraciones públicas y con los vecinos afectados. Lo que no se puede tolerar, ha añadido en el transcurso de una reunión con la federación de asociaciones de vecinos de las barriadas rurales Unión Rural, es que “el gobierno de Pelayo siga usando a los vecinos y vecinas como arma arrojadiza, enquistando todavía más el asunto por cuestiones que solo tienen que ver con fines electoralistas”.
En el encuentro, en el que han estado presentes José Barriga, Mónica Castellet y Diego Almodóvar (por parte de la federación), así como Manuel Rosa y Rocío Montero, coordinador y portavoz municipal de Foro, respectivamente, se han analizado otras muchas necesidades de un Jerez rural que “no deja de menguar en habitantes”. Algo, han coincidido, que es consecuencia de “la falta de apuesta del Ayuntamiento por este rico territorio que podría tener mucho que decir en la pronta recuperación social y económica del municipio”. “El PP está provocando a los vecinos y usándolos para su campaña electoral tanto en Andalucía como en Jerez, no les interesa arreglar el problema, solo el enfrentamiento con la Junta para bloquear aún más el tema y, al tiempo, sacar rédito electoral. Cuanto más se atasque el asunto para los vecinos, el PP piensa que mejor para sus intereses partidistas”, ha sostenido Raúl Ramírez en el transcurso de la reunión. A lo que ha añadido: “Es una auténtica vergüenza este gobierno local de la señora Pelayo que no solo no resuelve problemas a los jerezanos sino que se dedica a crispar y dividir”.
El presidente de Unión Rural, José Barriga, ha afirmado que los delegados de alcaldía de las barriadas rurales son gente en su mayoría “volcada con el mundo rural y sus barriadas, gente maravillosa que trabaja sin ánimo de lucro”, a las que sin embargo “el PP manipula pese a que este partido solo tiene interés en hacerlas desaparecer del mapa”. En este sentido, Foro Ciudadano ha preguntado al gobierno local por qué la delegada de Medio Rural se ha dedicado a asegurar a la federación que El Portal, La Corta y Los Albarizones ya no son barriadas rurales, sino que pertenecen al casco urbano. “¿Es que han empezado el desmantelamiento sin previo aviso?”, ha cuestionado la formación política. Por su parte, Castellet  ha lamentado que la legalización de viviendas sea una “eterna arma arrojadiza”. Tras asegurar que “sacar a los vecinos de sus barriadas supondría generar un cinturón marginal en torno al Jerez urbano”, ha afirmado que “hay que ser conscientes de que el dinero público hay que rentabilizarlo pero, no obstante, hay que permitir que la gente viva y trabaje porque no tener papeles de las viviendas hace que no las puedas hipotecar, emprender un negocio, acogerte a ayudas a la rehabilitación… Al menos hay que dar un camino de viabilidad para este gente y ser consciente de que esta realidad existe”.
En línea con lo anterior, el candidato de Foro Ciudadano de Jerez ha dicho que es una “auténtica vergüenza” que los vecinos y vecinas del Jerez rural perciban una inversión media de las administraciones públicas de unos 310 euros, tal y como recoge en una de sus conclusiones el informe de la zona rural jerezana de la consultora D’Aleph, cuando la media andaluza en cuanto a financiación se refiere se sitúa en más de 800 euros por habitantes al año. Una de las soluciones “justas” para poner fin a este desequilibrio “histórico” es “flexibilizar” las condiciones para la desafectación y legalización de viviendas porque “estamos hablando de contribuyentes de primera con un tratamiento por parte de las administraciones públicas de ciudadanos de tercera o cuarta división”.